BOLETÍN INTEGRO A DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES..!

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INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DISPOSICIONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ENTREGA NUEVAS COMPETENCIAS A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

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 BOLETÍN N° 10.057-06 (S)

 HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización viene en informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, de origen en mensaje, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de “suma”, la cual fue hecha presente el 21 de enero de 2016.

Con motivo del tratamiento de este proyecto de ley, la Comisión recibió a las siguientes personas: subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes; jefe de la División de Municipalidades de la Subdere, señor Nemesio Arancibia; profesionales de la misma repartición, señora Doris Durán y señor Víctor Hugo Miranda; presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Sergio Puyol, y asesor jurídico de esa entidad, señor Marcelo Segura; presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios  Municipales de Chile, ASEMUCH, señor Óscar Yáñez; presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, señor Víctor Mora; presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, señor Miguel Aguirre; presidente del Colegio de Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, señor Ricardo Oyarzún; presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales, señor Agustín Pérez, y dirigente de esa entidad, señor Yuri Rodríguez; presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, señor Pedro Aguirre; presidente de la Asociación de Conductores,  Operadores y Especialidades de Viña del Mar (AFUCOE), señor Luis Pérez; y directora de la Asociación de Funcionarios Municipales de Viña del mar, señora Mónica Soto.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) Las ideas matrices o fundamentales del proyecto son las siguientes:

  1. a) Facultar a los alcaldes para que, con acuerdo del concejo, fije o modifique las plantas del personal de las municipalidades.
  2. b) Establecer la obligación del municipio de informar sobre la dotación y el personal a la Subdere.
  3. c) Dictar normas sobre bonificaciones por retiro voluntario e incremento previsional y asignación profesional.
  4. d) Conceder bono especial a los funcionarios municipales, y condonar lo recibido en exceso por error de cálculo del incremento previsional.

2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

En el primer trámite constitucional, el H. Senado determinó que los siete artículos permanentes y los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo, undécimo, decimotercero y decimocuarto transitorios son de rango orgánico constitucional.

.                          La Comisión de Gobierno Interior discrepó de la calificación de orgánico constitucionales de algunas de las normas citadas, estimando que revisten tal carácter los siguientes artículos:

                            –Los artículos 1° y 2°, de acuerdo al artículo 121 de la Constitución Política.

                            –El artículo 4°, conforme a las normas de la Carta Fundamental que en cada caso se especifican: numerales 1) y 3), artículo 118; numerales 4) y 5), artículos 119 y 121;  numeral 6), artículo 119; y numeral 7), artículo 118.

                            –El artículo 5° numerales 1), 2) y 3), según el artículo 121 de la Constitución Política; y el numeral 4), de acuerdo al artículo 118 de esta.  

Los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, undécimo, decimotercero y decimocuarto transitorios, según el artículo 121 de la Constitución Política.

3) Trámite de Hacienda.

Los artículos permanentes 1°, 2°, 4° numerales 2), 3), 4) y 5),  5° numerales 1), 2) y 3), 6° y 7°; y los artículos transitorios, deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.  

4) La Comisión aprobó la idea de legislar por unanimidad. Participaron en la votación la diputada señora Daniela Cicardini y los diputados señores Sergio Aguiló, Claudio Arriagada, Germán Becker, Bernardo Berger, Marcelo Chávez, Sergio Gahona, Sergio Ojeda y David Sandoval.

5) Se designó Diputado Informante al señor GERMÁN BECKER.

II.- ANTECEDENTES GENERALES.

 1.- Fundamentos del Mensaje.

En atención a que el proyecto en informe cumple su segundo trámite constitucional y, por lo tanto, los fundamentos de la iniciativa se encuentran desarrollados in extenso en los informes emanados de los órganos correspondientes del H. Senado, aquí se ofrece una reseña de aquellos.

El mensaje señala que es necesario dar respuesta al creciente número de responsabilidades que las municipalidades del país han ido asumiendo, lo que implica avanzar en el sentido que los municipios transiten de simples administraciones a auténticos gobiernos locales.

Es por ello que se propone un nuevo diseño organizacional de las municipalidades basado en la gestión de recursos humanos, mediante la actualización y adecuación de las plantas y funciones municipales, desafío que no se asumía desde el año 1994, cuando se definieron las plantas. Por otro lado, se trata de elevar la tasa de relación entre el número de funcionarios municipales y la población, así como el nivel de profesionalización de los funcionarios en el ámbito local.

Para el diagnóstico de la realidad municipal, el Ejecutivo realizó un proceso de diálogo con alcaldes y funcionarios, lo que concluyó con la firma de un Protocolo para la Modernización del Sistema Municipal Chileno, donde se identificaron varios ejes: la responsabilidad fiscal, los recursos y las competencias, el fortalecimiento de los recursos humanos y la participación comunal, asumiendo la presente iniciativa legal el capítulo vinculado a recursos humanos.

Destaca el Mensaje que se identificaron diversos factores que pueden ocasionar riesgos de corrupción: recursos públicos asociados a múltiples funciones; falta de estándares adecuados de ejecución presupuestaria y administración financiera; falta de personal profesional idóneo e inestabilidad laboral; ausencia de patrón compartido de comportamiento de probidad; falta de control adecuado en áreas sensibles, como asimismo de sanciones a funcionarios y autoridades locales por faltas e ilícitos en probidad y cumplimiento de normas.

Para subsanar estas falencias, la presente iniciativa legal considera diversas propuestas en materia de personal, como el plan gradual de capacitación y profesionalización, destinado a ordenar las plantas, otorgar mayor nivel de estabilidad laboral y profesionalización de funciones, restringiendo, asimismo, la facultad de efectuar modificaciones en la planta municipal en períodos cercanos a elecciones municipales.

Finalmente, el Mensaje señala que el proyecto de ley obliga a las municipalidades a remitir a la Subdere antecedentes relacionados con personal y recursos humanos, e informar las modificaciones a su planta de funcionarios.

2.- Resumen del contenido del proyecto aprobado por el Senado

El texto del proyecto aprobado por el H. Senado en el primer trámite constitucional es, en síntesis, el que pasa a exponerse:

El artículo 1° otorga, a contar del 1 de enero de 2016, una asignación profesional a los funcionarios municipales de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas. Lo anterior no es aplicable a los alcaldes ni a los jueces de policía local.

El artículo 3° señala que las municipalidades estarán obligadas a remitir, a lo menos anualmente, a la Subdere información referida a diversas materias, como modificaciones efectuadas a la planta de personal, la dotación (incluyendo personal de planta, a contrata y honorarios), identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan la contratación de personas sobre la base de honorarios, antigüedad del personal, etc.

El artículo 4° incorpora varias enmiendas en la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, entre las que cabe destacar las siguientes:

-Se incorpora como un instrumento específico de la gestión municipal la política de recursos humanos.

-Se incrementa de 218.000 a 1.052.000 unidades tributarias mensuales el aporte del fisco al Fondo Común Municipal.

-Se establece que el alcalde deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento, grado de remuneración, etc.

-Se faculta a los municipios para crear, vía reglamento, las unidades que estimen necesarias para su funcionamiento.

-Se incorpora un artículo 49 bis en la ley mencionada, que otorga a los alcaldes la atribución de fijar o modificar, a través de un reglamento, las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, ciñéndose a los límites y requisitos que se especifican en la ley.

-Se agrega, por otra parte, un artículo 49 ter, que fija las pautas que han de seguirse para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, entre el encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación laboral del personal;  ni tampoco podrá significar pérdida del empleo o disminución de remuneraciones.

-Conforme al nuevo artículo 49 quáter que se introduce en la ley en mención, la atribución de fijar o modificar las plantas podrá ejercerse cada ocho años.

El artículo 5° del proyecto de ley incorpora varias modificaciones en la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Cabe destacar, al respecto, que en el artículo 2° del referido cuerpo legal se eleva del actual 20% al 40% el gasto en remuneraciones de la planta municipal por concepto de cargos a contrata; y, en el mimo artículo, se agrega un inciso que estipula que el gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% de los ingresos propios percibidos en el año anterior.

                            El artículo 7° precisa que, para los efectos de la carrera funcionaria, cada municipalidad sólo podrá tener las siguientes plantas de personal: de Directivos, de Profesionales, de Jefaturas, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares; e indica a continuación los requisitos que deben cumplirse para el ingreso y la promoción en los cargos de las distintas plantas.

Artículos transitorios

El artículo primero señala que a contar del 1 de enero del año 2016, el personal titular de planta, regido por la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares entre los grados 10° al 20°, será encasillado en el grado inmediatamente superior, siempre que cumpla los requisitos que se detallan.

Por su parte, el artículo segundo estipula que el personal de planta, regido por la citada ley Nº 18.883, que se haya encontrado nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, en los grados 15º al 20º, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior, siempre que reúna los requisitos que se especifican.

El artículo tercero faculta a los alcaldes para modificar los decretos que determinan al personal a contrata, a efectos de aplicar en los mismos términos a este personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios anteriores, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

El artículo cuarto establece, en resumen, que para efectos de la aplicación de los artículos primero y segundo transitorios se utilizarán los cargos vacantes de las respectivas plantas de personal.

De acuerdo al artículo quinto, los cambios de grado que determine la aplicación de los artículos primero a tercero transitorios no serán considerados como ascensos.

El artículo sexto prescribe que el fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades, durante el año 2016, por un monto de M$ 32.000.000 (treinta y dos mil millones de pesos) y, en el año 2017, por M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos), que se distribuirán entre los municipios según lo determine la Subdere. .

Conforme al artículo undécimo se concede, a contar del 1 de enero del año 2016, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas, Profesionales y Directivos, una asignación especial de Directivo-Jefatura, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° permanente de esta ley, la cual se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable.

El artículo duodécimo estipula que el mayor gasto que irrogue la presente ley será de cargo municipal. Sin embargo, los aportes extraordinarios del fisco a que alude el artículo sexto transitorio se financiarán con cargo al presupuesto de la Subdere y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.

III.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN GENERAL.

Durante la discusión general, la Comisión escuchó a las siguientes autoridades y particulares:

  • Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes

El titular de la Subdere explicó que el proyecto en discusión se inscribe en el propósito del gobierno de impulsar un profundo proceso de descentralización, del cual forman parte otros proyectos, como el que fortalece la regionalización (boletín N°7963-06). La elección directa del intendente por parte de la ciudadanía constituye el último eslabón de esta serie de iniciativas legales, y que se espera concretar en 2017. Agregó que la descentralización administrativa implica la transferencia de competencias desde el gobierno central hacia el nivel local. Para que ello sea exitoso, se precisa de gobiernos locales fuertes, que es el objetivo al que propende el presente proyecto.

El subsecretario indicó que el mensaje plantea dos objetivos básicos. Uno de ellos, según queda dicho, es avanzar en la descentralización. Ello se logra confiriendo a los alcaldes (con acuerdo del concejo) la atribución de adecuar las plantas de funcionarios, lo que actualmente se puede hacer únicamente mediante decreto supremo, esto es, a través del nivel central, pese a que constitucionalmente las municipalidades son corporaciones autónomas.

El otro objetivo básico es introducir criterios de justicia en el trato económico hacia los funcionarios municipales, procurando así saldar la denominada “deuda histórica”. Este objetivo se plasma en el reconocimiento a los profesionales del ámbito municipal, otorgándoles una asignación. Por otro lado, se consagra el encasillamiento en el grado inmediatamente superior al personal de planta que ocupa un cargo titular como técnico, administrativo o auxiliar en determinado rango de la escala.

  • Asesor de la Subdere, señor Víctor Hugo Miranda

A su vez, el asesor de la Subdere arriba individualizado resaltó que el tema de las plantas municipales no se trataba en profundidad desde hace 22 años, en circunstancia que responden a la dinámica comunal. La innovación sustancial que propone el proyecto sobre el particular es que los alcaldes podrán adecuar dichas plantas cada 8 años.

Agregó que el proyecto es el fruto de un proceso de diálogo entre el gobierno y los estamentos concernidos, que se inició en mayo de 2014 y culminó en noviembre del mismo año con la suscripción de un protocolo.

Se refirió luego al contenido general del proyecto, destacando la norma que otorga una asignación profesional a los funcionarios municipales de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, lo que abarca un universo de 8.700 personas. Vinculado a lo anterior, se incorpora al estamento de profesionales y directivos a quienes de hecho cumplen tales funciones. También hay una norma que beneficia a los funcionarios administrativos y auxiliares, que serán encasillados en el grado superior. Otro punto importante es que los funcionarios a contrata con más de cinco años de servicio serán traspasados a la planta.

Destacó que el proyecto exige el acuerdo de los dos tercios de los concejales para poder modificar las plantas. Asimismo, y en aras de la responsabilidad financiera, se establece un tope para los gastos en personal. Al respecto, se mantiene el límite actual en cuanto a honorarios (10%), pero se elevan los porcentajes para contrata y planta. Según cálculos de la Subdere, con el proyecto el 35% de quienes están a contrata quedarían en planta, y el 40% de las personas a honorarios serían traspasados a contrata. Precisó que la modificación de las plantas no conlleva la facultad de suprimir empleos ni de rebajar remuneraciones.

Acerca del financiamiento del proyecto, explicó que es gradual, y se contemplan aportes del fisco por $32 mil millones en 2016, y $36 mil millones en 2017. Por otro lado, se cuadruplica el aporte fiscal al Fondo Común Municipal (FCM).

  • Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Sergio Puyol, y asesor jurídico, señor Marcelo Segura
  1. Presidente, señor Sergio Puyol

La iniciativa constituye un gran avance en materia de descentralización y, de alguna manera, recoge lo acordado en el protocolo de acuerdo suscrito en el mes de noviembre de 2014, como también considera parte de las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.

Desde luego, es un primer paso, quedando pendientes -entre otros temas- la transformación de las municipalidades de meros administradores locales en gobiernos comunales.

El proyecto viene a corregir una gran injusticia cometida en contra de los funcionarios municipales, retrotrayendo los beneficios a la situación existente en 1973.

Agregó que falta resolver la situación de los trabajadores a honorarios en convenio con otros órganos públicos, estimando que debiera crearse una contrata especial, no incluida en el gasto personal, o bien una contratación según el Código del Trabajo.

La ACHM considera muy positivo aumentar la dotación a contrata y permitir al personal a honorarios el ingreso a la dotación a contrata, ya que de  esta manera pueden acceder a los mismos derechos que establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Agregó que, a su juicio, es imposible que todo el personal a contrata pueda pasar a planta.

Respecto al artículo 13 transitorio, que se refiere a la priorización en las nuevas contrataciones, bajo la modalidad a contrata, del personal a honorarios, la ACHM es de la opinión que es necesario modificarlo, en el sentido de establecer cuáles son los requisitos para acceder a la dotación a contrata, y que podrían ser los siguientes: 1) Que se trate de labores permanente; 2) Que se haya desempeñado el cargo, como mínimo, durante 5 años; y 3) Que se trata de una jornada laboral de 44 horas semanales.

Finalmente, y sin perjuicio, como queda dicho, que el proyecto hace justicia a los funcionarios del ámbito municipal, criticó que la modernización de las plantas solo pueda realizarse cada 8 años, como lo plantea la iniciativa legal, porque -a su juicio- al cabo de ese período va a crearse una nueva “deuda histórica”.

  1. Señor Marcelo Segura

Afirmó que el proyecto, en general, es positivo, aunque no representa el óptimo. Entre los aspectos destacables del mismo está el incremento  del tope del gasto en contrata desde el 20% al 40%. También es importante la norma (artículo 13 transitorio) que permite el traspaso de las personas a honorarios a la categoría de contrata, aunque debe precisarse qué tipo de  personal a honorario podrá efectuar este cambio. En su opinión, debería exigirse que las funciones que se desempeñan para el municipio sean permanentes y, como mínimo, durante un lapso de 5 años y a jornada completa. Por ello deberían mantenerse en la categoría de honorarios los servicios que prestan abogados, arquitectos, etc., por su carácter esporádico, accidental.  En todo caso, el traspaso de la condición de honorario a contrata resuelve un problema que incluso ha hecho presente la justicia. Por otro lado, el incremento del gasto anual en personal del 35% al 42% de los ingresos propios, que propone el proyecto, es insuficiente.

En otro orden de materia, estimó atendible la solicitud de las asociaciones de funcionarios municipales de encasillar a los choferes dentro de la planta de técnicos. Sin embargo, lo óptimo acerca de este punto sería crear un escalafón de especialidades.

4)    Presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH, señor  Óscar Yáñez

Indicó, en primer término, que el proyecto es positivo, porque fortalece el recurso humano en los municipios. Analizando luego su contenido, expresó que una de las disposiciones de la iniciativa otorga una asignación profesional a quienes se desempeñan en la planta de profesionales, directivos y jefaturas, dejando al margen de dicho beneficio a los profesionales que están encasillados en otras plantas. Por ello, la primera observación de ASEMUCH al proyecto es hacer extensiva la aludida asignación a todos los funcionarios que poseen título de una carrera profesional de 4 años o más de duración, independientemente de la planta donde se encuentran.

Otra preocupación de la organización se refiere al denominado “incremento previsional”, que se trata en el artículo 4°, interpretando el decreto ley N°3501. ASEMUCH manifestó en su oportunidad al Ejecutivo su anhelo de que no se incluyera este tema en el proyecto, por su complejidad, e incluso recurrieron a la OIT, planteando una queja.

Agregó que ASEMUCH valora que, mediante la modificación del artículo 6° de la LOC de Municipalidades, se incorpore dentro de los instrumentos de la gestión municipal la política de recursos humanos, porque hoy se aprecian serias y graves carencias en la materia. Es importante que, para mejorar la gestión del recurso humano, el alcalde, junto con los representantes que designe para ese cometido, escuche a los gremios más representativos del municipio correspondiente. Así la propuesta que se someta a la consideración del concejo será más equilibrada y justa.

Instó, además, a velar que la modificación de las plantas no implique menoscabos en las remuneraciones ni en los grados.

                            Otra preocupación de ASEMUCH se refiere a la necesidad de ir eliminando el trabajo precario, de modo que el personal a honorarios (que suma unas 80 mil personas) pase a ser de contrata. No obstante, esta última calidad debiera tener un carácter temporal, para mejorar las condiciones de las personas que se hallan actualmente a honorarios, dejando como norma definitiva o general que el gasto en contrata tenga un tope de 20%.

Por otra parte, consideran que los derechos laborales de los funcionarios podrían ser vulnerados con la modificación del artículo 31 de la LOC de Municipalidades, que permite a estas, vía reglamento, crear las unidades que estimen necesarias para su funcionamiento.

A este respecto, ASEMUCH propone que se incluyan normas de protección para los funcionarios que se encuentren desempeñando las funciones de las unidades municipales que se podrán subdividir. En el ejercicio de la atribución mencionada no deberían afectarse los derechos de los funcionarios que ejercen en la actualidad tales funciones. Tampoco debería tener como consecuencia la cesación de funciones, el término de la relación laboral del personal, la disminución de sus remuneraciones, un menoscabo jerárquico, ni  realizar funciones homólogas o paralelas.

Asimismo, estiman que debería otorgarse una adecuada participación a los funcionarios en la elaboración de la propuesta de planta que le presente el alcalde al concejo para su aprobación, según lo preceptuado por el nuevo artículo 49 bis de la mencionada LOC. Sin perjuicio de valorar que el alcalde, en el marco de este proceso, podrá consultar la opinión de un Comité Bipartito, esta disposición debería complementarse estableciendo que dicho Comité estará formado por representantes de las asociaciones de funcionarios y por representantes del alcalde, en forma paritaria.

En cuanto a las modificaciones que se introducen en el artículo 7° de la ley N°18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales, proponen aumentar los grados de la plantas de profesionales y directivos.

Solicitó, por otro lado, que el incremento de grado contemplado en el artículo segundo transitorio, beneficie no solo a quienes se encontraban en funciones al 1 de enero de 2015, sino además a quienes se hallen en funciones al 1 de enero de 2016.

                            Respecto al artículo undécimo transitorio, que concede a partir del 1 de enero de 2016, al personal de planta y a contrata regido por la ley N°18.883, una asignación especial de directivo-jefatura, por un monto diferenciado según el grado, ASEMUCH estima que debería aplicarse a los valores correspondientes el reajuste de un 4,1% otorgado al sector público, a contar de 1 de diciembre de 2015 y, además, establecer que esa asignación se deberá considerar como base de cálculo para determinar cualquier otra remuneración o beneficio económico.

Finalmente, acerca del artículo décimo cuarto transitorio, que permite a los funcionarios que hayan ingresado a las respectivas plantas ser encasillados en las mismas plantas en que se encontraban a la fecha de publicación de esta ley, ASEMUCH propone que esos funcionarios mantengan el derecho al ascenso.

5)   Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile, UFEMUCH, señor Víctor Mora

Formuló varios comentarios y propuestas sobre el proyecto, como pasa a exponerse. En primer término, solicitó extender la asignación profesional que contempla el artículo 1° a todos los profesionales, independientemente de la planta donde se desempeñen. Esta petición tiene asidero en dictámenes de la Contraloría sobre la materia.

Respecto a la facultad que se otorga para modificar distintos órganos municipales, como SECPLAC y Desarrollo Comunitario, debería hacerse exigible un informe de la Unidad de Control.

Por otra parte, se establece en el proyecto, específicamente en el numeral 4 del nuevo artículo 49 bis que se incorpora en la LOC de Municipalidades, que el 75% de los nuevos cargos que se creen en la planta de personal deberán tener título profesional o técnico. Les parece que debería eliminarse ese requisito, entregando a cada municipio la decisión en materia, según sus características.

En el numeral 5 del mencionado nuevo artículo 49  bis se señala que los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de funcionarios en el proceso de elaboración de la planta, y agrega la disposición que los alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito. La propuesta de UFEMUCH en este tema es que el alcalde deberá considerar la opinión del aludido Comité, el que tendría que estar conformado paritariamente por integrantes de la o las asociaciones de funcionarios.

Acerca del aumento del gasto en personal a contrata (del 20 al 40%), UFEMUCH es contraria a esa medida y prefiere mantener el gasto actual, porque la reforma precarizaría el empleo. Actualmente, agregó, hay 283 municipios que exceden el límite del 20% y 45 respetan la norma vigente. Se estima que hoy existen unos 11 mil funcionarios a contrata. En cuanto a las personas que se desempeñan a honorarios, su condición es la más precaria;  pero, por otra parte, a muchos de ellos no les interesa pasar a la categoría de contrata, porque percibirían una remuneración sensiblemente inferior.

UFEMUCH tampoco está de acuerdo en incrementar el gasto máximo en personal desde el actual tope del 35% al 42% que propone el proyecto de ley, porque lo anterior no toma en cuenta la heterogeneidad de los municipios, y, por ello, preferirían una “categorización” de los municipios de acuerdo a sus ingresos, población u otros factores. A nivel país, solo 8 comunas exceden el 42% del gasto en personal, mientras que 41 se sitúan entre el 35% y el 41%.

En otro ámbito, estiman que en la modificación a las plantas municipales (tema que aborda el artículo 5° del proyecto), deberían mejorarse las posiciones relativas de los profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, subiéndolos en un grado. Abogan, también, por la dictación de un reglamento de concurso interno y público. Vinculado, también, a las plantas, son partidarios de mantener los requisitos actuales para acceder a la planta de jefaturas y, en el caso de la planta de técnicos, consideran conveniente incorporar la facultad de los municipios para considerar como técnicos a los choferes profesionales. En lo que dice relación con la planta de auxiliares, proponen mantener el requisito actual, esto es, educación básica o estudios equivalentes.

Por último, en cuanto a las disposiciones transitorias, proponen que el personal a contrata que haya cumplido 5 años de funciones pase a la planta, considerando que en la actualidad hay unos 5 mil cargos de planta vacantes; e incluir al personal de programas comunitarios como prioridad para ingresar a la contrata.

6)  Presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, señor   Miguel Aguirre

Expresó que el Instituto tiene una opinión favorable, en general, del proyecto del Ejecutivo, porque tiende a fortalecer el desarrollo del sector municipal.

Agregó, sin embargo, que les merece reparo el hecho de que en el artículo 1° se les haya excluido, junto con los alcaldes, del goce de la asignación profesional. Esta medida, a su juicio, carece de sustentabilidad jurídica y financiera. El Ejecutivo esgrime en el mensaje el fundamento de su determinación en la materia, y consiste en que los jueces de policía local ya perciben, en virtud de la ley N°15.231, una asignación mensual de responsabilidad judicial. Al respecto, estiman que ese argumento carece de solidez, porque la aludida asignación de responsabilidad judicial tiene un origen y naturaleza distinta de la asignación profesional. Además, hay que tener en consideración que los jueces de la judicatura ordinaria perciben ambas asignaciones (la profesional y la judicial), y parece justo que se les homologue con estos. Por lo tanto, al excluirlos del beneficio de la asignación profesional se está incurriendo en una discriminación arbitraria, que vulnera el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 inciso final de la Constitución Política.

En otro orden de ideas, el señor Aguirre destacó que en los últimos años ha aumentado la competencia de los jueces de policía local, debiendo conocer de causas por infracciones a diversas leyes: de violencia en los estadios, de control de armas, del consumidor, de copropiedad inmobiliaria, et                            También hay que tomar en cuenta el desnivel de las remuneraciones existente entre la judicatura de policía local y la judicatura ordinaria, contraviniendo el principio según el cual a iguales funciones corresponden análogas remuneraciones, consagrado en el artículo 48 del decreto con fuerza de ley N°1.

Desde el punto de vista de la carga financiera del proyecto, aseguró que el otorgamiento de la asignación profesional a los jueces de policía local no tendría mayor incidencia, porque ellos (unos 350 en todo el país) representan apenas el 4% de los aproximadamente 8 mil funcionarios que recibirían el mencionado beneficio pecuniario. A modo de dato complementario, el 70% de los jueces están entre los grados 5 y 9. Según los cálculos efectuados por el Instituto, de haberse pagado la asignación profesional a los jueces en 2015, ello habría significado un gasto de solo 52 millones y, ciertamente, no afectaría el límite del 42% de gasto en personal que consagra el proyecto en otro de sus artículos.

Finalmente, precisó  -ante algunas consultas surgidas durante el debate- que los jueces de policía local son funcionarios municipales, de acuerdo a la ley N°18.883; y que, en el evento de acogerse su petición de recibir la asignación profesional, ello no implicaría que su sueldo sobrepase al de los alcaldes.

7)   Presidente del Colegio de Secretarios Abogados de los

Juzgados de Policía Local, señor Ricardo Oyarzún           Sostuvo, en primer lugar, que es imprescindible reformar la justicia local, para transformarla en una justicia vecinal más accesible. Según cifras de 2013, las causas ingresadas a los juzgados de policía local excedía los 4 millones, superando con creces a la justicia ordinaria.

En términos generales, estiman que el proyecto de ley impulsado por el gobierno es positivo, porque equipara a los funcionarios municipales con los del nivel central.

En esta línea, consideran que si se busca profesionalizar a los funcionarios municipales, no puede quedar al arbitrio de los alcaldes el encasillamiento de los secretarios abogados de los juzgados de policía local. Hoy día estos se encuentran encasillados según distintos criterios, dependiendo de la ley que dispuso el encasillamiento. De este modo, en algunos municipios los secretarios abogados tienen el grado 7, en otros el 9, etc.

Por otra parte, cabe tener en cuanta un dictamen de la Contraloría, según el cual los secretarios abogados de policía local son funcionarios municipales y deben cumplir una jornada laboral de 44 horas semanales. Según la información que manejan, sus remuneraciones, en promedio, son un 40% inferiores a las que perciben los jueces de policía local.

A la luz de lo expuesto, su principal aspiración, que esperan sea recogida en el proyecto, es que se les encasille en la planta de directivos, en el grado inmediatamente inferior al de los jueces (en la actualidad hay casos en que tienen hasta 5 grados menos), y vinculado a lo anterior, que el grado no quede al arbitrio del alcalde.

8) Presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales, señor Agustín Pérez; y dirigente de la organización, señor Yuri Rodríguez

El señor Pérez expresó que el principal anhelo de la Asociación es reponer la figura del director de obras dentro del cuadro de directivos imprescindibles de los municipios. La ley N°20.742, que modificó la LOC de Municipalidades, no estableció la obligatoriedad del cargo de director de obras en todos los municipios, con lo cual discrepan. Actualmente hay 47 municipalidades que no disponen de este cargo directivo. Las funciones que este desempeña son muy relevantes no solamente para el municipio, sino también para los ciudadanos. En efecto, a los directores de obras les corresponde, por ejemplo, otorgar permisos de edificación, expedir la recepción definitiva de obras, etc.; actuaciones que tienen un impacto directo en la valorización de un bien inmueble.

Señaló, además, que otra aspiración de la entidad que preside es que, dada la importancia del cargo de director de obras, su diferencia con el acalde en la escala de remuneraciones no supere los dos grados. A este respecto, llama la atención que en la actualidad en 232 comunas tal diferencia supera los dos grados.

De acuerdo a las estimaciones de la Asociación, de acogerse ambas peticiones (esto es, que haya directores de obras en todos los municipios y que la referida brecha con el alcalde tenga un tope de dos grados), ello tendría un costo de 135 millones a nivel país. La primera de las medidas se podría materializar agregando un artículo 16 bis a la ley N°18.695, estableciendo que la dirección de obras será la sexta unidad mínima obligatoria con que han de contar los municipios.

A su vez, el dirigente señor Rodríguez dijo que la solicitud de la Asociación no implica un mayor desembolso de recursos por parte del fisco. Agregó que antes de la reforma legal de 2014 los directores de obras eran los funcionarios de más alta jerarquía dentro de los municipales, lo que constituía un justo reconocimiento de su imprescindible aporte técnico-profesional al desarrollo de las comunas.

9)    Presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, ESMAPA, señor Pedro Aguirre

Indicó que el municipio de Maipú es el único del país que tiene una dirección de agua potable y alcantarillado. El área de concesión abarca la comuna de Maipú y parte de Cerrillos y Estación Central. Cuentan con 190 mil clientes, y 743 mil habitantes de las referidas comunas son beneficiarias de los servicios que prestan. Estos comprenden el suministro de agua, el tratamiento y la disposición final. La dirección de agua potable tiene una planta de 350 funcionarios, 230 de los cuales son a honorarios. Aportan al presupuesto municipal $24 mil millones, que representan el 24% del presupuesto de Maipú. La gestión ha implicado utilidades por aproximadamente $5 mil millones. Cabe destacar que la tarifa por metro cúbico  que cobran es la más baja del país.

Sin perjuicio de su exitosa trayectoria durante varias décadas, la dirección presenta problemas de tipo estructural. En efecto, están insertos en la planta municipal de Maipú, no obstante la especificidad de la función que les corresponde. Esto significa, por ejemplo, que cuando jubila un ingeniero de larga trayectoria en el ámbito del servicio de agua potable, su plaza vacante no necesariamente es ocupada por un profesional de la misma área, sino que puede ser llenada por una asistente social u otro funcionario sin relación alguna con el quehacer propio de dicha dirección. Por lo tanto, necesitan contar  con una estructura organizacional ad hoc, es decir, una planta autónoma, como existió hasta hace algunos años, que les permita desarrollar una carrera funcionaria dentro del servicio. De esta forma se podrá poner término a la actual fuga de profesionales y técnicos, debido precisamente a la falta de una planta adecuada.

10)   Presidente de la Asociación de Conductores, Operadores

y Especialidades de Viña del Mar (AFUCOE), señor Luis  Pérez

El dirigente gremial explicó que AFUCOE agrupa a conductores de buses, de vehículos de seguridad ciudadana, de camiones aljibes, recolectores de basura, retroexcavadoras, etc. Están encasillados dentro de la planta de auxiliares, pero desempeñan funciones que involucra una gran responsabilidad. En efecto, su trabajo conlleva el cumplimiento de estrictas exigencias, como son las licencias especiales de conducción, que además deben costearlas personalmente. También deben pagar un seguro mensual a la municipalidad. En síntesis, están sujetos al cumplimiento periódico de determinados requisitos, sin lo cual no pueden realizar sus labores. Por ello, estiman que el proyecto debería reconocer esa calificación y que no se les encasille en el escalafón de auxiliares, sino en el de técnicos, por ejemplo; o bien se les otorgue una asignación de responsabilidad o especialidad.

11)    Directora de la Asociación de Funcionarios Municipales

De Viña del Mar, señora Mónica Soto

Se refirió a la situación de un grupo de funcionarios municipales que, no obstante ser profesionales, quedaron excluidos de la asignación profesional, por el solo hecho de no estar en el escalafón de directivos, jefaturas y profesionales que, según el artículo 1° del proyecto, son los beneficiarios de aquella. Precisó que el número de profesionales en esa situación es reducido, motivo por el cual tendría muy escasa relevancia presupuestaria otorgarles dicha asignación. En el caso específico del municipio de Viña del Mar son 41 profesionales, lo que significa apenas $ 33 millones anuales. Concluyó señalando que el proyecto adolecería de inconstitucionalidad si se los margina de la asignación.

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En el seno de la Comisión se produjo el siguiente debate a propósito del proyecto de ley en informe.

El diputado señor Sandoval valoró el avance desde un sistema de administración local a un gobierno local que implica el proyecto. La iniciativa legal es oportuna, pues se enmarca en un contexto de reivindicaciones de los funcionarios municipales que datan de antiguo. De hecho, en el pasado hubo que crear plantas suplementarias para dar cabida a las aspiraciones de los funcionarios. Agregó que los municipios se han ido desnaturalizando por serias falencias en su estructura interna, que no están adaptadas para enfrentar los modernos desafíos. Existen muchas comunas con una altísima dependencia del Fondo Común Municipal (FCM) para su financiamiento. En cuanto al contenido específico del proyecto, destacó especialmente el otorgamiento de una asignación profesional y la mejora en los grados.

El diputado señor Berger también dio su apoyo a la iniciativa legal, resaltando que responde a una sentida aspiración de los funcionarios municipales, quienes, por lo demás, le han brindado su respaldo.

A su vez, el diputado señor Farías dijo que, si bien el proyecto es positivo, le suscita algunas inquietudes. En particular, el tema de la fijación de las plantas, que a su juicio debería ser de competencia exclusiva de los municipios, sin injerencia de la Subdere. Solo así se logrará avanzar realmente en los gobiernos locales y, por ende, en la autonomía municipal. Un aspecto muy importante que debería abordar el proyecto es la facultad del alcalde para “premiar” a los buenos funcionarios, vía incremento de remuneraciones, y no a través del subterfugio de las horas extraordinarios. Así se podrá diferenciar con justicia a los funcionarios idóneos y con espíritu de servicio, que son la mayoría, de aquellos que no reúnen esas cualidades, que, en todo caso, representan a una minoría (alrededor del 5%).

Respecto a la exclusión del beneficio de la asignación profesional para los jueces de policía local (artículo 1° del proyecto), aspecto cuestionado por el Instituto de Jueces de Policía Local en el marco de la exposición que realizó ante la Comisión, opinó que no se trataría de una discriminación arbitraria, atendido a que, por una parte, dichos jueces tienen una jornada laboral más reducida que el resto de los funcionarios. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos magistrados tienen el grado inmediatamente inferior al del alcalde y si se les otorgara la asignación en comento su remuneración superaría a la de la máxima autoridad comunal, lo que no parece equitativo.

Por su parte, el diputado señor Mirosevic dijo que el proyecto de ley constituye una suerte de reconocimiento de la “deuda histórica” hacia los municipios por parte de la Subdere. Resaltó la facultad que se otorga a los alcaldes para modificar las plantas, lo que conlleva una gran responsabilidad en la administración de los recursos, al punto que se consagra como causal de cesación en el cargo de alcalde, por notable abandono de deberes, en caso que se incremente la planta sin disponer de los fondos necesarios para ello. Respecto al otorgamiento de la asignación profesional que consagra el articulado, dijo que es un muy buen anuncio, pero debería hacerse extensiva a más de los 8.700 funcionarios que la percibirían. También respaldó el incremento del tope del gasto en personal a contrata, desde el actual 20% al 40%.

El diputado señor Aguiló indicó que el proyecto ha sido bien acogido por el estamento de los funcionarios, como se lo manifestó el capítulo de Talca de la Asociación, aunque formulando también algunas reservas. Entre los aspectos más relevantes del proyecto se encuentra el traspaso de quienes actualmente están a honorarios, a la condición de contrata; y de los funcionarios a contrata, a la planta. Asimismo, es muy positivo el significativo incremento del aporte fiscal al FCM, que se cuadruplica.

Desde otra perspectiva, aunque valorando también el proyecto, especialmente por la circunstancia de constituir la más importante reforma en la materia en los últimos 22 años, la diputada señora Cicardini expresó su inquietud por el financiamiento de las distintas medidas contempladas en aquel. Es importante conocer con certeza cuántos recursos se van a necesitar para impulsar esta reforma tan necesaria. Por último, señaló que el proyecto se inscribe en el espíritu descentralizador que ha orientado a otras iniciativas impulsadas por la Administración de la Presidenta Bachelet, como aquellas que regulan el traspaso de competencias al nivel local y la elección directa de los intendentes.

El diputado señor Ojeda sostuvo que el proyecto dinamiza la descentralización, incorporando también criterios de equidad en la administración local. Dentro de las materias que se aborda cobra especial relieve el hecho de que la reestructuración de las plantas no significa la supresión de empleos ni la rebaja de remuneraciones. También merece destacarse que los funcionarios a contrata por 5 años o más puedan pasar a la planta, y el fuerte aumento del aporte fiscal al FCM. En cuanto a la asignación profesional que se prevé en el proyecto, hizo ver que estarían excluidos de la misma los jueces de policía local, lo que no parece justificado, porque los magistrados de la judicatura ordinaria sí la reciben. En otro plano, es importante dejar establecido que el proyecto fue consensuado con los funcionarios.

Al igual que la diputada Cicardini, el diputado señor Becker focalizó su atención en el tópico del financiamiento del proyecto. Es muy posible que los alcaldes tiendan a gastar más y, por lo tanto, los recursos adicionales que va a aportar el fisco ($ 32 mil millones en 2016 y $ 36 mil millones en 2017) sean insuficientes. Vinculado al financiamiento, planteó la necesidad de abordar el problema del incremento previsional en el contexto de esta iniciativa, ya que es muy complejo y afecta a los funcionarios. En otro plano, valoró que se tienda a homologar las remuneraciones de los funcionarios municipales con los del nivel central.

Por su parte, el diputado señor Chávez expresó su inquietud por la forma en que se compatibilizará la facultad de los alcaldes para fijar las plantas con la estabilidad en el empleo y el mérito funcionario. Existe el peligro de que, al amparo de la atribución que se confiere a los ediles, se “premie” a los más cercanos al alcalde de turno. Otro punto interesante, y que debería tratarse en este proyecto, es la situación de quienes trabajan en programas adscritos a los municipios: ¿van a poder ser traspasados a la planta? Finalmente, surge la interrogante en cuanto a si la concreción de este proyecto implicará un incremento en el número de funcionarios municipales, o simplemente se va a reconocer o “sincerar” a los que ya existen.

El diputado señor Arriagada dijo que el proyecto es valioso, pero, a la vez, deben esclarecerse algunas situaciones que no estarían reguladas. Una de ellas se refiere a los directores de obras municipales, que no recibirían la asignación profesional, teniendo esa condición. Otra, más puntual, es la del os funcionarios que se desempeñan en la planta de agua potable de Maipú, que ven incierto su futuro al no estar considerados tampoco. En otro plano, se mostró partidario de otorgar a los funcionarios municipales el derecho a negociación colectiva y a huelga.

IV.-    DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARTICULAR.

Durante este trámite, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos respecto del articulado del proyecto:

Artículo 1°

A contar del 1 de enero del año 2016, concédese una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado el año 1981, y por la ley N° 18.883, de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del decreto ley N° 479, del Ministerio de Hacienda, promulgado y publicado el año 1974.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico. Su monto será el mismo que establece el artículo 19 de la ley N° 19.185 para los grados que resulten procedentes.

Lo dispuesto en este este artículo no se aplicará a los alcaldes, ni a los jueces de policía local.

La Comisión aprobó los dos primeros incisos por unanimidad, con los votos de la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona, Morales, Ojeda y Sandoval.

El inciso final, en tanto, fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona, Ojeda y Sandoval. Se abstuvo el señor Morales.

El señor Miranda, de la Subdere, explicó que el Ejecutivo no se allanó a la petición formulada por los jueces de policía local en orden a concederles la asignación contemplada en este artículo, debido a que ellos ya reciben dos asignaciones: la de responsabilidad judicial, equivalente al 30% del sueldo base; y la de incentivo a la gestión jurisdiccional, que asciende, como mínimo, al 10% del sueldo base. Por otra parte, los jueces de policía local no cumplen la jornada de 44 horas semanales de los demás funcionarios municipales. También hay que considerar que algunos de estos jueces reciben una remuneración superior hasta en un 25% a la que perciben los directivos. Incluso se da al menos un caso en que el juez tiene un sueldo superior al del alcalde de la municipalidad respectiva. Los discriminados en materia de remuneraciones no son, pues los jueces, sino los funcionarios municipales del escalafón directivo, profesional y jefatura.

Artículo 2°

Los ex funcionarios regidos por la ley Nº 18.883 que percibieron las bonificaciones por retiro voluntario en virtud del artículo 14 de la ley Nº 20.649, que habiendo presentado la solicitud para acceder al bono establecido en la ley Nº 20.305, al momento de solicitar dichas bonificaciones no se les hubiere dado curso al pago del bono por haberse considerado inaplicables estas normas por no cumplir con los plazos de doce meses contemplados en el número 5) del artículo 2º y en el artículo 3º de la citada ley Nº 20.305, tendrán derecho a obtener el mencionado bono siempre que cumplan los requisitos para acceder a él.

El bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que hayan cesado en sus funciones.

                            Fue aprobado por unanimidad, con los votos de la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona, Morales, Ojeda y Sandoval.

Artículo 3°

Las municipalidades estarán obligadas a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, información referida a las siguientes materias, según los medios y en los formatos que determine al efecto dicha Subsecretaría:

  1. a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal.
  2. b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica.
  3. c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan la contratación de personas sobre la base de honorarios.
  4. d) Escalafón de mérito vigente.
  5. e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros órganos de la Administración del Estado.
  6. f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada funcionario.
  7. g) Gasto total en recursos humanos.

La información remitida sólo podrá ser utilizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.

Esta información, con excepción de la contenida en la letra d) anterior, se deberá mantener a disposición permanente del público, en la manera indicada en el artículo 7° de la ley N° 20.285, y el cumplimiento de esta obligación estará sometido al control de transparencia activa del Consejo para la Transparencia.

Este artículo fue aprobado con la misma votación que el anterior (9 a favor); conjuntamente, y también por unanimidad, con las siguientes indicaciones:

  1. De la diputada señora Cicardini, y de los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Gahona, Morales y Sandoval, para intercalar en el inciso primero, luego de la frase “a lo menos anualmente,”, la siguiente: “dentro del primer cuatrimestre de cada año”.
  2. ii) Del diputado señor Chávez, que reemplaza la letra g) por la siguiente:

“g) Política de recursos humanos y el gasto total en las diversas formas de contratación.”.

Artículo 4°

Introduce las siguientes modificaciones en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 2006:

1) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

  1. a) Reemplázase, en la letra b), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
  2. b) Sustitúyese, en la letra c), el punto final (.) por la expresión “, y”.
  3. c) Agrégase la siguiente letra d):

“d) La política de recursos humanos.”.

La Comisión aprobó este numeral por simple mayoría. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Morales, Ojeda y Sandoval; se abstuvo el señor Gahona.

Respecto al tópico de la política de recursos humanos, la diputada señora Cicardini abogó por la participación de las asociaciones de funcionarios en la formulación de la misma, a través de un comité bipartito. Tal vez el punto podría plasmarse en el nuevo artículo 49 bis que se incorpora en la LOC de Municipalidades.

El diputado señor Gahona compartió la idea de fondo antes planteada, pero -agregó- surge la interrogante de la representación en el aludido comité, en el evento de haber más de una asociación gremial.

El titular de la Subdere, señor Cifuentes, manifestó que es importante en esta materia no dejar excluidos a quienes no están asociados; y, por otra parte, precaver que la participación no signifique cogobierno.

2) Reemplázase, en el numeral 5) del inciso tercero del artículo 14, el guarismo “218.000” por “1.052.000”.

El numeral 2) fue aprobado por unanimidad, con los votos de la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona, Morales, Ojeda y Sandoval.

3) Intercálase, en la letra b) del artículo 22, a continuación de la palabra “participación”, lo siguiente: “y de la ciudadanía”.

El numeral 3) del artículo 4° fue rechazado por simple mayoría. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y el diputado señor Arriagada; en contra lo hicieron los diputados señores Berger, Chávez, Morales, Ojeda y Sandoval; y se abstuvo el señor Becker.

4) Agréganse, en la letra a) del artículo 27, las siguientes oraciones finales: “Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento, grado de remuneración y, respecto del personal a honorarios contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, el detalle de los servicios prestados. También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior.”.

El numeral 4), que pasa a ser 3), fue aprobado por unanimidad, con los votos de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Berger, Chávez, Gahona y Ojeda.

5) Agréganse, en el artículo 31, los siguientes incisos segundo y tercero:

“Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de esta ley, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas por aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad.

Para la creación de dichas unidades será necesario que se justifique su necesidad mediante informe fundado emitido por la Secretaría de Planificación Comunal y la de Administración Municipal. El mencionado informe deberá ser conocido por el concejo en forma previa a la aprobación del reglamento. En ningún caso se podrán crear unidades que no cuenten con el debido financiamiento municipal para su funcionamiento.”.

Este numeral, que pasa a ser 4) recibió una indicación del Ejecutivo, que reemplaza el nuevo inciso tercero propuesto por el H. Senado, por los siguientes:

“Para la creación de dichas unidades será  necesario contar con el debido financiamiento municipal y con un informe fundado elaborado por las unidades de Administración Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación, que justifique  su necesidad y acredite su debido financiamiento. En dicho caso, el reglamento deberá ser aprobado por los dos tercios de los concejales en ejercicio.

La destinación de un funcionario a una nueva unidad deberá considerar la experiencia laboral, la formación técnica y profesional en relación a la nueva unidad;  y no podrá significar detrimento en su grado, ni en sus remuneraciones.”.

A su vez, el nuevo inciso tercero propuesto por el Ejecutivo recibió una indicación de la diputada señora Cicardini, y de los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Gahona, Morales y Sandoval, que sustituye el punto aparte que viene luego de la palabra “ejercicio” por una coma, y agrega la siguiente oración: “debiendo mediar un plazo de, a lo menos, 15 días hábiles entre el conocimiento y la aprobación.”.

El texto del Senado con las modificaciones antedichas fueron aprobados por unanimidad, con los votos de la diputada señora Cicardini, y de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona, Morales y Ojeda.

A propósito de la indicación del Ejecutivo, el señor Miranda, de la Subdere, dijo que en ella se incorpora a la Dirección de Administración y Finanzas en la elaboración del informe que justifica la creación de una unidad. Recalcó que el informe debe ser fundado y que a las nuevas unidades que se establezcan no pueden ser destinados funcionarios que carezcan de conocimientos y experiencia en la respectiva área. Como se trata de un solo informe, debe ser suscrito por las 3 reparticiones a que alude la indicación. Por último, resaltó que el reglamento sobre la materia, que debe ir a toma de razón a la Contraloría, requiere un alto quórum de aprobación por parte del concejo: dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Complementando lo expresado por el señor Miranda, la asesora jurídica de la Subdere, señora Durán, dijo que, a diferencia de los actos administrativos en general, que solo se registran, el reglamento del artículo 31 de la LOC de Municipalidades está sujeto a toma de razón.

6) El numeral 6), que pasa a ser 5), incorpora a continuación del artículo 49 los artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter.

La Comisión acordó votar por separado las normas contenidas en este numeral, como pasa a examinarse.

“Artículo 49 bis.- Los alcaldes, a través de un reglamento municipal, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado el año 1981.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el Diario Oficial.

Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites y requisitos:

  1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.
  2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de la municipalidad respectiva.
  3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.
  4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o técnico.
  5. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal. En este proceso, los alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado paritariamente por funcionarios y representantes del alcalde, la cual podrá ser presentada al concejo municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.
  6. Los alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.
  7. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.
  8. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.
  9. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231, en el artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley, en lo atingente a la posición de los cargos que allí se indican.

En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable, se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes, tanto de parte del alcalde como del o de los concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en la letra c) del artículo 60, en la letra f) del artículo 76 y en el artículo 77.

El o los concejales que hubieren votado por rechazar la propuesta de planta podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional para solicitar que declare el notable abandono de deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la aprobación de la planta por parte del concejo municipal. Con todo, el alcalde sólo podrá remitir a la Contraloría General de la República el reglamento a que se refiere el inciso primero de este artículo, una vez transcurrido el plazo precedentemente señalado, sin que se haya interpuesto la acción que establece el inciso anterior o una vez que el Tribunal Electoral Regional haya rechazado la acción. Lo dispuesto en este inciso será certificado por el Secretario del Tribunal Electoral Regional.”.

El nuevo artículo 49 bis recibió el siguiente trato:

Sus incisos primero, segundo y tercero numerales 1, 2 y 3, fueron aprobados por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada, Berger, Gahona, Morales, Ojeda y Sandoval, que agrega en el inciso segundo, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “La municipalidad deberá remitir dentro de los treinta días corridos siguientes el reglamento aprobado  por el concejo a la Contraloría.”. Participaron en la votación la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona, Morales, Ojeda y Sandoval

El inciso tercero numeral 4, en tanto, fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Becker, Berger, Chávez, Gahona, Morales y Sandoval; en contra lo hizo el señor Ojeda, y se abstuvieron la señora Cicardini y el señor Arriagada.

El inciso tercero numeral 5 fue rechazado por simple mayoría (6 en contra y 2 abstenciones), aprobándose por idéntica votación un texto sustitutivo contenido en una indicación de la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger y Ojeda, y que es del siguiente tenor:

“5. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de los funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal. Para tal efecto, se deberá constituir un Comité Bipartito, integrado paritariamente por representantes del alcalde y de la lo las asociaciones de funcionarios existentes en la municipalidad.

Su opinión deberá ser presentada al concejo municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de la planta y no será vinculante.

En las municipalidades donde no existan asociaciones de funcionarios, o estas no se encuentren vigentes, representarán a los funcionarios aquellos que sean elegidos en votación secreta efectuada para tal efecto, debiendo representar a distintos estamentos.”.

Votaron a favor de la indicación la diputada señora Cicardini y los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger y Ojeda. Se abstuvieron los señores Chávez y Morales.

                            El inciso tercero numerales 6, 7, 8 y 9, y el inciso cuarto, fueron aprobados por unanimidad, con los votos de la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada, Becker, Chávez, Gahona y Ojeda.

El inciso final del artículo en referencia fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Gahona y Ojeda; en contra lo hicieron la diputada señora Cicardini y el señor Chávez.

El nuevo artículo 49 bis generó el siguiente debate:

El señor Miranda, de la Subdere, expresó que lo central de la norma, y en particular de la indicación del Ejecutivo al numeral 5 del inciso tercero, es que los alcaldes, por una parte, deberán consultar a las asociaciones de funcionarios en el proceso de elaboración de la planta de personal; y, por otro lado, podrán (es decir, es facultativo) considerar la opinión de un Comité Bipartito y Paritario acerca de la materia.

El diputado señor Chávez opinó que la consulta al Comité en cuestión debería tener carácter obligatorio y no meramente facultativo, y agregó que la representación de los trabajadores en este proceso debe canalizarse a través de sus asociaciones.

El diputado señor Becker dijo que debería ser obligatorio constituir el Comité Bipartito, pero su opinión no puede ser vinculante para el alcalde.

La diputada señora Cicardini también se inclinó por una alternativa como la antes expuesta.

A su vez, el diputado señor Arriagada indicó, respecto al tema de la participación funcionaria en el proceso de elaboración de las plantas, que es fundamental el reconocimiento de la representatividad de las asociaciones que agrupan a los trabajadores. Agregó que no le parece justo que los beneficios que obtengan aquellas se hagan extensivos a los no afiliados. En caso de no haber asociación de funcionarios en una municipalidad, el tema puede ser resuelto por una asamblea general. Agregó que, en todo caso, la decisión final en el tópico de las plantas siempre recae en el alcalde.

Sobre este último punto, el dirigente de ASEMUCH, señor Juan Camilo Bustamante, sostuvo que es esencial la participación de los funcionarios, a través de sus asociaciones, en el tema de la elaboración de las plantas, pues incide directamente en la gestión de los recursos humanos, así como participan en los servicios de bienestar. En cuanto al Comité Bipartito, fue del parecer que los funcionarios deben estar representados en esa instancia a través de sus asociaciones.

Por su parte, el presidente de ASEMUCH, señor Yáñez, hizo referencia al Convenio N°157 de la OIT, que consagra la participación de los trabajadores en los asuntos que les atañen, término que es más amplio que la consulta. Acotó que está fuera de discusión que la opinión de las asociaciones no puede ser vinculante para la autoridad, en este caso el alcalde.

A su vez, el dirigente de la UFEMUCH, señor Gajardo, opinó que los representantes de los funcionarios ante el Comité deben estar afiliados a la (s) asociación (es) que exista en el municipio. Sostuvo también que la consulta al Comité por parte del alcalde debería ser obligatoria, pero no vinculante para este.

La señora Pinto, también de UFEMUCH, dijo que es positivo que en el texto aprobado del numeral 5 del artículo en mención se reconozca expresamente a las asociaciones de funcionarios.

El diputado señor Gahona manifestó ser partidario de que tenga que constituirse el Comité Bipartito, pero su opinión no puede ser vinculante para el alcalde, porque él es la máxima autoridad del servicio. Acotó que es importante que los funcionarios no afiliados a asociaciones tengan cabida también en el Comité.

En una segunda intervención, el señor Miranda, de la Subdere, sostuvo que  el mecanismo de fijación de las plantas a través de un reglamento tiene varias etapas. Una de ellas es la consulta (obligatoria en un caso, y facultativa en el otro, según queda consignado). Luego la propuesta de planta es revisada por el concejo, que debe darle su aprobación. En esta fase, los concejales que rechacen la propuesta del alcalde pueden recurrir ante el Tribunal Electoral Regional (TER), dentro de 30 días hábiles, solicitando que declare el notable abandono de deberes del alcalde. Tras la aprobación del reglamento, este va a trámite de toma de razón en la Contraloría, organismo que, en todo caso, no se pronuncia sobre el contenido de fondo de la propuesta de planta. El proceso, en su conjunto, se extendería por un plazo de dos años.

La asesora jurídica de la Subdere, señora Durán, complementó la intervención anterior puntualizando que la solicitud ante el TER para que este declare el notable abandono de deberes del alcalde se fundamenta en el erróneo cálculo de los ingresos, es decir, por exceder el marco presupuestario. Subrayó que basta un solo concejal para hacer la presentación ante el TER.

Acerca de este último aspecto, el diputado señor Chávez se mostró partidario de establecer un umbral más elevado. No se trata de exigir la mayoría, pero sí un tercio, por ejemplo.

El diputado señor Gahona, en cambio, respaldó el texto del Senado en esta materia, por considerar que constituye un adecuado disuasivo para no extralimitarse en la administración del presupuesto municipal.

En análogos términos se expresó el diputado señor Arriagada.

Por su parte, el diputado señor Becker  compartió el punto de vista del señor Chávez, argumentando que, tal como está redactada la norma, un solo concejal podría detener el proceso de reforma de las plantas impulsado por el alcalde.

En torno al mismo tópico, el diputado señor Ojeda respaldó la facultad que se da a los concejales, ya que viene a contrarrestar las múltiples atribuciones que confiere la ley a los alcaldes.

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“Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las normas siguientes:

  1. a) Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares se encasillarán en cargos de igual grado al que tenían a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, éstos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

En el ejercicio de esta facultad, los alcaldes podrán encasillar de acuerdo al escalafón de mérito, a los funcionarios titulares en una planta distinta a la que éstos pertenecen en la medida que hayan quedado vacantes luego de la provisión indicada en el párrafo anterior, siempre que se cumplan los requisitos propios del cargo y, además, los siguientes:

  1. i) Que el funcionario, a lo menos tres años antes, esté realizando las funciones propias del estamento de la planta en que se encasilla.
  2. ii) Que el funcionario acepte previamente, por escrito, el traspaso.
  1. b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del reglamento que fija o modifica la planta de personal.

Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior sólo podrán ser encasillados siempre que tengan, a lo menos, cinco años de servicios continuos en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente, y se encuentren calificados en lista N° 1, de distinción, o lista N° 2, buena.

El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda a la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento sólo podrán ser encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.

En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de éstos se efectuará, en primer término, de acuerdo al resultado de la última calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la antigüedad de servicio en la respectiva municipalidad y, en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el alcalde.

  1. c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, éstos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.
  2. d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

i.- El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación laboral del personal.

ii.- No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones, excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b), ni modificación de derechos previsionales.

iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.”.

El artículo 49 ter fue aprobado por simple mayoría; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del Ejecutivo al párrafo primero de la letra b), para reemplazar la frase “a la entrada en vigencia del reglamento”, por la siguiente: “al del inicio del plazo para ejercer la facultad de dictación del reglamento”. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Gahona y Ojeda; mientras que se abstuvo el señor Chávez.

A propósito de este artículo, el señor Miranda, de la Subdere, explicó que los alcaldes deben hacer un diseño para efectos del encasillamiento, considerando los cargos disponibles y los que quieren aumentar. Agregó que en esta norma del proyecto queda de manifiesto la nueva facultad que se otorga a los alcaldes para modificar las plantas de personal, sin perjuicio de la importancia que reviste en este proceso la participación de los funcionarios.

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“Artículo 49 quáter.- La facultad conferida en el artículo 49 bis podrá ejercerse cada ocho años, y dentro de los dos años siguientes a contar del cumplimiento de dicho período, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece esta ley.

En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse sólo durante el año siguiente a éstas.

La facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los noventa días siguientes a la fecha de total tramitación del reglamento municipal que aprueba la planta respectiva y tendrá vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente a dicha fecha.”.

El artículo 49 quáter fue aprobado por asentimiento unánime; conjuntamente, y por análoga votación, con una indicación del Ejecutivo que reemplaza el inciso final por los siguientes:

“El reglamento municipal que modifique o fije la nueva planta entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

La facultad establecida en el artículo 49 ter, deberá ejercerse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del reglamento municipal que modifique o fije la planta respectiva. En el caso que procediere la realización de concursos públicos, estos deberán efectuarse en el plazo de un año contado desde la citada fecha.”.

Tomaron parte en la votación respectiva la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Gahona y Ojeda.

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En virtud de una indicación de los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, aprobada por unanimidad, se incorpora un nuevo artículo -49 quinquies- en la ley N°18.695, inserto dentro del numeral 6), actual 5), del artículo 4° del proyecto. Su texto es el siguiente:

“Artículo 49 quinquies.- Para todos los efectos legales la participación de los funcionarios municipales en la determinación de la planta municipal no se entenderá como una vulneración al artículo 62 Nº6 de la ley N°18.575 y al artículo 12 Nº1 de la ley N°19.880.”.

Participaron en la votación la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona y Ojeda.

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7) Agréganse, en el inciso segundo del artículo 56, las siguientes oraciones finales: “Además, deberá presentar para aprobación del concejo la política de recursos humanos, la cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y capacitación, y egreso. Dicha política podrá incluir también diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un mejor desempeño laboral.”.

El numeral 7), que pasa a ser 6), del artículo 4° fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de la diputada señora Cicardini, y de los diputados señores Arriagada y Ojeda, que intercala  en las oraciones finales que se incorporan al mencionado artículo 56, entre las expresiones “y egreso.” y “Dicha política”, la siguiente oración: “En este proceso los alcaldes podrán considerar la opinión de un comité bipartito conformado en los términos del artículo 49 bis N°5.”. Participaron en la votación los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Gahona y Ojeda.

El diputado señor Arriagada manifestó que a través de esta indicación se persigue que lo funcionarios municipales participen, a través de un comité bipartito, en la política de recursos humanos de la municipalidad.

El señor Miranda, de la Subdere, manifestó que la política de recursos humanos se fija año a año, a diferencia del tema de las plantas, que es una facultad que se ejercer cada 8 años. De modo que son dos canales de participación funcionaria para temas diversos.

8) Este numeral, que pasa a ser 7) del artículo 4° del proyecto, introduce en el inciso segundo del artículo 67 de la LOC de Municipalidades las siguientes modificaciones:

  1. a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
  2. b) Agrégase la siguiente letra h), nueva, pasando la actual a ser letra i):

“h) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos, y”.

La Comisión aprobó por simple mayoría tales enmiendas. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Morales y Ojeda. Se abstuvo el señor Chávez.

Artículo 5°

Incorpora las siguientes modificaciones en la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:

1) Modifícase el artículo 2°, en los términos que siguen:

  1. a) Reemplázanse, en el inciso cuarto, el vocablo “veinte”, la primera vez que aparece, por “cuarenta”, y la palabra “cuatro” por “ocho”.
  2. b) Agrégase el siguiente inciso final:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. Se entenderá por gasto en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo, se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.”.

La letra a) del numeral 1) fue aprobada por simple mayoría. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez y Ojeda. Se abstuvo el señor Morales.

La letra b), en tanto, fue aprobada por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes indicaciones del Ejecutivo:

  1. i) Para intercalar después de la expresión “Rentas Municipales,” la siguiente frase: “incluyendo la totalidad de la recaudación por concepto de permisos de circulación y patentes municipales,”.
  2. ii) Para agregar después del punto aparte, que pasa a ser seguido, el siguiente texto: “Sólo para los efectos del cálculo del gasto anual en personal que dispone el presente artículo, no se considerarán los pagos que realice el municipio por concepto de la asignación de zona establecida en el artículo 7° del decreto ley N°249, de 1973, del Ministerio de Hacienda, otorgada por el artículo 25 del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda, ni de la bonificación establecida en el artículo 3° de la ley N° 20.198, y ni de la bonificación compensatoria del artículo 29 de la ley 20.717, destinada a los beneficiarios de la mencionada bonificación del artículo 3° de ley N° 20.198.”.

Participaron en la votación la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Morales, Ojeda y Sandoval.

Respecto al incremento del tope del gasto en personal a contrata (del 20 al 40%), se produjo el siguiente debate.

El señor Miranda, de la SUBDERE, indicó que a diciembre de 2014 el gasto en personal a contrata alcanzaba al 30% en promedio. 118 municipios estaba sobre ese porcentaje, y más de 300 municipalidades excedían el actual tope del 20%. A la luz de estas cifras, y ya que se ha distorsionado el gasto por este concepto, el Ejecutivo propuso elevar el tope hasta un 40% y, vinculado a ello, permitir que en los municipios más pequeños, con una planta de menos de 20 cargos, pueda haber hasta 8 a contrata (en vez de 4, que es el límite vigente).

El diputado señor Aguiló afirmó que es evidente que el tope actual del 20% no se respeta. Lo ideal es que la mayor cantidad de los trabajadores sea de planta, porque así se fomenta la carrera funcionaria y la eficiencia de los servicios que se prestan a la comunidad. Por ende, el incremento del tope de funcionarios a contrata no es la solución de fondo del problema.

El señor Yáñez, de ASEMUCH, manifestó que la medida  en comento favorece a quienes actualmente se desempeñan a honorarios, pues pasarían a una categoría más estable.

A su vez, el diputado señor Becker opinó que las municipalidades necesitan contar con más funcionarios en una condición laboral estable, como lo es la contrata, motivo por el cual respalda la medida de elevar el tope al 40%. Es importante, eso sí, hacer respetar ese “techo”, sancionando a quien lo infrinja.

El diputado señor Ojeda también respaldó dicho incremento, en virtud del principio de solidaridad.

 

El diputado señor Morales expresó que es probable que en la práctica se sobrepase incluso el límite del 40% que se está proponiendo, ya que hay municipalidades en las que hay más personal a contrata que de planta. En tal virtud, se mostró partidario de situar el límite de gasto en contrata en torno al 30%.

El diputado señor Arriagada sostuvo que es necesario “sincerar” el tema de las plantas municipales. Agregó que en los últimos 20 años se han transferido varias competencias a los municipios, sin contar con las plantas de funcionarios, ni con los recursos adecuados para llevar a cabo esas nuevas tareas. Desde su perspectiva, el tope del gasto en contrata debería ser del 30%.

La señora Pinto, de UFEMUCH, recalcó que para ese organismo lo fundamental es fortalecer las plantas y, bajo ese prisma, el sistema de contrata tiende a precarizar el empleo. El tope en la materia debería ser del 30 y no el 40%, como propone el Ejecutivo.

El señor Mogrebi, de la Asociación Chilena de Municipalidades, respaldó la medida del aumento del tope en contrata hasta un 40%, y acotó que dicha medida se complementa con el artículo decimotercero transitorio, que dispone que se debe priorizar al personal a honorarios en las contrataciones bajo aquella modalidad. Además, el sistema de contrata permite a quienes ostentan esa calidad acceder a los PMG y al reajuste.

En otro orden de consideraciones, el señor Miranda, de la SUBDERE, puso de relieve la facultad que otorga el proyecto a los alcaldes para modificar de manera autónoma las plantas municipales, esto es, sin la intervención de la Subdere. Existen actualmente -agregó- unas 11 mil personas a contrata en el ámbito municipal a nivel país, y se estima que el 68% de los trabajadores del sector son a contrata y a honorarios. Si bien es un hecho que muchos municipios exceden el límite en gasto a contrata, no incumbe al Ejecutivo fiscalizar el acatamiento de ese límite. En su opinión, permitir que el tope del gasto en contrata sea del 40% va a ayudar a muchos municipios que exceden el 20% que permite la norma en vigor. Reconoció, eso sí, que hay otra discusión de fondo, pero que excede el objetivo de este proyecto, y que se refiere a cuál es la relación ideal que debería haber entre el personal fijo y variable en las municipalidades.                                     2) Incorpóranse, en el artículo 7°, los siguientes incisos segundo y tercero:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

Alcaldes               del grado 1 al 6

Directivos             del grado 3 al 10

Profesionales      del grado 5 al 12

Jefaturas              del grado 7 al 12

Técnicos              del grado 9 al 17

Administrativos   del grado 11 al 18

Auxiliares             del grado 13 al 20.

Para los efectos de establecer el grado asignado al cargo de alcalde dentro de la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, los municipios deberán ajustarse a la categoría en que se encuentren según el total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la comuna, a su elección. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados posibles para cada categoría. Dicho reglamento deberá dictarse en los seis meses siguientes a la publicación de esta ley.”.

El numeral 2) fue aprobado por unanimidad, conjuntamente, y por la misma votación, con las siguientes indicaciones:

  1. De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Farías, que agrega en el nuevo inciso tercero, luego de la frase “fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados posibles para cada categoría”, el siguiente texto: “, no pudiendo dicho reglamento de manera alguna significar una disminución de remuneraciones o grado al alcalde, o algún miembro de cualquier escalafón de la municipalidad”.
  2. De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, que agrega en el mismo inciso tercero, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En caso que no se dicte el reglamento dentro de plazo, los municipios igualmente podrán modificar sus respectivas plantas.”.

Participaron en la votación la diputada señora Cicardini y los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Morales y Ojeda.

3) Agréganse, en el artículo 8°, los siguientes incisos finales:

“Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Plantas de Directivos: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

No obstante, para los cargos de dirección destinados al mando superior de las unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos específicos que se señalan:

  1. a) Para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de ingeniero civil, de ingeniero constructor civil o de constructor civil, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.
  2. b) En la unidad de asesoría jurídica se requerirá título de abogado, habilitado para el ejercicio.

2) Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

3) Plantas de Jefaturas: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

4) Plantas de Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera; o, en su caso, título técnico de nivel medio, en el área que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación del Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos, cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una institución del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera.

5) Plantas de Administrativos: Licencia de educación media o su equivalente.

6) Plantas de Auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción.

Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos.”.

El numeral 3 del artículo 5° del proyecto recibió el siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

Su encabezamiento y el literal 1 (Planta de Directivos) párrafos primero y segundo, es decir, excluidas letras a) y b), fueron aprobados por simple mayoría. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Morales y Ojeda; se abstuvo el señor Farías.

Las letras a) y b) del referido literal 1) fueron aprobadas por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación de los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval a la letra b), que agrega después de la expresión “para el ejercicio” la siguiente: “de la profesión”. Participaron en la votación la diputada señora Cicardini y los diputados señores Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, Morales y Ojeda.

El literal 2), relativo a la planta de profesionales, fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Morales y Sandoval;  mientras que se abstuvieron la diputada señora Cicardini y los diputados señores Farías y Ojeda.

El literal 3), que regula las plantas de jefaturas, fue rechazado. Votaron a favor los diputados señores Becker, Berger y Ojeda, en tanto que se abstuvieron los diputados señores Arriagada, Chávez, Farías, Morales y Sandoval.

El literal 4), que pasa a ser 3), y que establece la planta de técnicos, fue aprobado por unanimidad, con los votos de la diputada señora Cicardini, y de los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Morales, Ojeda y Sandoval.

El literal 5), que pasa a ser 4), y que consagra la planta de administrativos, fue aprobado por idéntica votación que el anterior.

El literal 6), que pasa a ser 5), relativo a la planta de auxiliares, fue aprobado por simple mayoría, al igual que el inciso final que se agrega al artículo 8° de la ley N°18.883. Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Ojeda y Sandoval; en tanto que se abstuvieron la señora Cicardini y el señor Morales.

El tema de las plantas municipales y, en particular, lo relacionado con los requisitos de ingreso y promoción en cada una de ellas, generó el siguiente intercambio de opiniones.

El diputado señor Farías dijo que, respecto a la planta de directivos, le parecía excesivo el requisito de que el título profesional correspondieses a una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración; bastando, desde su perspectiva, con seis semestres, porque hay carreras profesionales con esa duración.

En cuanto a la planta de jefaturas, la diputada señora Cicardini y el diputado señor Morales expresaron que sería conveniente flexibilizar el requisito de título profesional, en orden a permitir también un título técnico, habida cuenta de la gran diversidad que hay entre los municipios, algunos de los cuales no están en condiciones de contratar profesionales.

Frente a dicha inquietud, el señor Miranda, de la SUBDERE, explicó que la exigencia de título profesional en la aludida planta obedece a que el desarrollo que han experimentado los municipios hace necesario que las jefaturas sean ocupadas por profesionales. Por lo demás, el estamento técnico tiene una planta propia.

4) Intercálase en el artículo 15 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público.”.

Este numeral fue aprobado por asentimiento unánime, con la participación de la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Morales, Ojeda y Sandoval.

5) Añádase en el artículo 16 el siguiente inciso tercero:

“No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos municipales, éstos podrán considerar perfiles ocupacionales definidos por el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los artículos 4° y siguientes de la ley N° 20.742.”.

El numeral 5) fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados señores Becker, Berger, Chávez, Morales y Ojeda. En contra votó el señor Sandoval, y se abstuvieron los señores Arriagada y Farías.

6) Incorpórase, en el artículo 20, después de las palabras “personas propuestas”, la frase “con especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo del artículo 16”.

El numeral en referencia fue aprobado por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Arriagada, Chávez, Morales, Ojeda y Sandoval; en contra lo hicieron la señora Cicardini y los señores Becker y Farías, mientras que se abstuvo el señor Berger.

El diputado señor Becker justificó su voto en contra argumentando que en el proceso de selección del personal para proveer los cargos de planta el alcalde no debería tener la restricción que consagra la modificación al artículo 20 de la ley N°18.883.

7) Agrégase, en el inciso primero del artículo 25, la siguiente oración final: “Dichos programas deberán contemplar, a lo menos, cursos sobre probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, estas dos últimas materias preferentemente para aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines.”.

La Comisión aprobó por simple mayoría el numeral 7); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del diputado Chávez, que agrega dentro del contenido de los programas de capacitación a que alude la norma los cursos de derecho administrativo. Votaron a favor la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, Mirosevic, Morales y Ojeda, mientras que se abstuvo el señor Sandoval.

Artículo 6°

Deroga el artículo 1° de la ley N° 18.294, que establece normas y otorga facultades para instalación de nuevas municipalidades creadas en la Región Metropolitana de Santiago y modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979.

Este artículo fue aprobado por unanimidad. Participaron en la votación la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

Artículo 7°

Deroga los artículos 11 y 12 de la ley N° 19.280, que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades y establece normas sobre plantas de personal de las Municipalidades.

La Comisión aprobó este artículo por la misma votación que el anterior (10 a favor).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero

A contar del 1 de enero del año 2016, el personal titular de planta, regido por la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares entre los grados 10° al 20°, ambos inclusive, será encasillado en el grado inmediatamente superior siempre que se haya desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

La Comisión aprobó por asentimiento unánime este artículo. Tomaron parte en la votación la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

El señor Miranda, de la SUBDERE, explicó que la norma en referencia hace un distingo importante: por un lado, prescribe que quienes van a recibir el beneficio del encasillamiento serán los funcionarios nombrados hasta el 1 de enero de 2015; y, por el otro, fija la fecha en que se devenga tal beneficio: el 1 de enero de 2016.

Artículo segundo

El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que se haya encontrado nombrado  al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que esté en posesión a esta última fecha.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Este artículo fue aprobado por unanimidad; conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del Ejecutivo que agrega en el inciso primero, después del punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “siempre que mantengan un nombramiento entre los grados ya señalados, ambos inclusive”.

Participaron en la votación la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

El señor Miranda, de la SUBDERE, indicó que el artículo 2° transitorio debe relacionarse con el anterior, pudiendo deducirse que los funcionarios que se encuentran entre los grados 15 y 20 van a ser encasillados dos grados más arriba.

Artículo tercero

Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a contrata, los alcaldes podrán, de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestaria, modificar los decretos que determinan al personal a contrata para efectos de aplicar en los mismos términos a este personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios anteriores. En este caso, las modificaciones de grados entrarán en vigencia a partir de la fecha de la total tramitación del respectivo acto administrativo.

Para acceder a lo establecido en el inciso precedente, los funcionarios a contrata deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido a contrata asimilado a la respectiva planta.

El personal a contrata al cual se le aplique este artículo no quedará afecto a la limitación establecida en el párrafo tercero de la letra b) del artículo 49 ter de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 2006, que se incorpora a través de la presente ley, respecto de los mejoramientos de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses.

El artículo en referencia fue aprobado sin enmiendas, por el mismo quórum que el anterior (10 a favor).

Artículo cuarto

Para efectos de la aplicación de los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se utilizarán los cargos vacantes de las respectivas plantas de personal.

Si aplicado el mecanismo anterior faltaren cargos, los alcaldes estarán facultados para modificar las plantas del personal de las municipalidades, sólo con el objeto de crear los cargos necesarios para ello. A su vez, se entenderán suprimidos por el sólo ministerio de la ley, en el mismo número de cargos que cree, aquellos cuya vacancia generen los funcionarios a los cuales se encasille de acuerdo a los artículos primero y segundo transitorios de esta ley. Con todo, no se suprimirán los cargos correspondientes al último grado de cada una de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, y siempre deberá quedar, a lo menos, un cargo en cada grado de dichas plantas. Con todo, el número total de cargos de cada una de las plantas antes señaladas deberá ser, a lo menos, el mismo que existía con anterioridad al encasillamiento.

Los actos administrativos que formalicen lo dispuesto en el inciso anterior deberán dictarse dentro de los noventa días siguientes a las respectivas fechas que fijan los artículos primero y segundo transitorios precedentes disponiendo los correspondientes encasillamientos.

Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se podrá superar el límite establecido en el inciso final del artículo 2° de la ley N° 18.883, incorporado por el número 1) del artículo 5° de la presente ley, sólo hasta los porcentajes que sean necesarios para la señalada aplicación.

La Comisión aprobó por unanimidad los incisos primero, segundo y cuarto; en tanto que el tercero lo rechazó, aprobando en su reemplazo, también por asentimiento unánime, una indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

“Los actos administrativos que formalicen lo dispuesto anteriormente deberán dictarse en el caso del artículo primero transitorio dentro de los noventa días siguiente a la publicación de esta ley, y para el caso del artículo segundo transitorio a más tardar  el último día hábil del mes de abril del año 2017.”.

Participaron en la votación la diputada señora Cicardini y los diputados señores Arriagada, Becker, Berger, Chávez, Farías, Mirosevic, Morales, Ojeda y Sandoval.

Artículo quinto

Los cambios de grado que determine la aplicación de los artículos primero a tercero transitorios de esta ley no serán considerados como ascensos para los efectos previstos en la letra g) del artículo 97 de la ley N° 18.883.

Los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios que estuvieren percibiendo, como asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

La Comisión aprobó este artículo con la misma votación que la registrada en el artículo precedente (10).

Artículo sexto

El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades durante el año 2016 de M$ 32.000.000 (treinta y dos mil millones de pesos) y en el año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante resolución, que será visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, anualmente determinará los montos que a cada municipalidad le corresponda. Dicha resolución dispondrá primeramente el financiamiento en su totalidad del incremento de grados dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios. El remanente que resulte luego de financiar el mencionado incremento se destinará al pago de las otras asignaciones y bonos otorgados en esta ley. Para determinar los montos correspondientes a cada municipalidad se ordenarán éstas de acuerdo al mayor gasto en personal que origine el pago de las aludidas asignaciones, distribuyendo los recursos disponibles desde menor a mayor gasto hasta su total distribución.

Las municipalidades deberán acreditar mediante los medios, forma y oportunidad que determine la referida Subsecretaría los costos involucrados para la aplicación del presente artículo.

Para dichos efectos los alcaldes a través de un oficio solicitarán anualmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los fondos respectivos, documento que será acompañado por certificado emitido por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control, el que además deberá ser suscrito por el respectivo secretario municipal en su calidad de ministro de fe, el que  contendrá un resumen de los mayores costos por gastos en personal, clasificados por grado, tanto respecto de los funcionarios de planta como de los a contrata.

Los oficios a que se refiere el inciso cuarto deberán ser enviados a la citada Subsecretaría dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, para efecto del pago de los beneficios del año correspondiente.

Para la entrega de los aportes respectivos a los años posteriores, los oficios deberán ser enviados a más tardar el 28 de abril de cada año.

Las municipalidades sólo podrán destinar los citados fondos aportados a financiar el mayor gasto determinado por la aplicación del artículo 1° y de los artículos primero, segundo, tercero, octavo y undécimo transitorios de la presente ley.

La no destinación de los fondos transferidos a los fines a que se refiere el inciso anterior será sancionada de acuerdo a las penas establecidas en el artículo 236 del Código Penal.

La Comisión aprobó, asimismo, por unanimidad (10 a favor) este artículo transitorio.

Artículo séptimo

El monto de la asignación profesional establecida en el artículo 1° y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo undécimo transitorio de la presente ley ascenderá a un 34% (treinta y cuatro por ciento) de su monto total desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de ese año; y a un 100% (cien por ciento) de ella a contar del 1 de enero del año 2017.

El artículo en mención fue aprobado por unanimidad, con la misma votación antes consignada (10).

Artículo octavo

Concede, por una sola vez, a los funcionarios municipales que a continuación se indican, un bono especial, imponible y tributable, cuyo monto ascenderá a:

  1. a) Respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional del artículo 1° o la asignación Directivo-Jefatura del artículo undécimo transitorio de esta ley en el mes siguiente al de su publicación, el bono ascenderá a cuatro veces el monto que le corresponda por ese concepto en dicho mes.
  2. b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se aplique el artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte entre el total de haberes brutos que le corresponda en el mes de enero del año 2016 y el total de haberes brutos del mes anterior. Para efectos del presente literal, no se considerarán la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en la ley N° 19.803, la bonificación contemplada en el artículo 3° de la ley N° 20.198, la bonificación anual del artículo 44 de la ley N° 20.883, las horas extraordinarias, ni ninguno de los beneficios concedidos por una sola vez, contemplados en la ley N° 20.883. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.

Este bono se pagará en una sola cuota, en el mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley, sólo a quienes se encuentren en funciones a dicha fecha.

El artículo octavo transitorio fue aprobado por unanimidad (10 a favor); conjuntamente, y por idéntica votación, con las siguientes indicaciones del Ejecutivo:

-Para eliminar en la letra a) la frase “en el mes siguiente al de su publicación”; y sustituir en la misma letra la frase “por ese concepto en dicho mes”, por la siguiente: “por ese concepto en el mes de enero de 2016”.

-Para reemplazar el inciso final por el siguiente:

“Los bonos señalados anteriormente, se pagarán en una sola cuota, sólo a quienes se encuentren en funciones al momento del pago. Para dicho efecto, las Municipalidades deberán remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, toda la información referente a lo dispuesto en las letras a) y b) precedentes, dentro del mes  subsiguiente a la publicación de esta ley.”.

El señor Miranda, de la SUBDERE, informó que el bono tiene un costo de $8 mil millones, e incluye  las asignaciones de zona. Precisó, ante la consulta planteada por algunos miembros de la Comisión, que no se incluyó en la norma una fecha de pago del beneficio, porque ello podría generar problemas al vencimiento del mismo; pero la SUBDERE se empeñará en efectuar una coordinación lo más expedita posible con las municipalidades para que el pago se haga a la brevedad.

Artículo noveno

Las facultades concedidas en los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, introducidos por el número 6) del artículo 4° de la presente ley, podrán ejercerse a partir del 1 de enero del año 2018 y hasta el 31 de diciembre del año 2019.

La modificación establecida por el número 2) del artículo 4° de la presente ley entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2018.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establecen en el número 3) del artículo 5° de esta ley no serán exigibles respecto de los funcionarios municipales titulares y a contrata en servicio a la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalados.

La Comisión también aprobó este artículo por unanimidad (10).

Respecto a este artículo, el señor Miranda, de la SUBDERE, destacó que el proceso de modificación de las plantas municipales se extenderá por dos años.

Artículo décimo

Deroga las correspondientes normas que fijaron las plantas de personal de las municipalidades del país, a contar de la fecha de entrada en vigencia del primer reglamento que fije para cada municipalidad la nueva planta de personal establecida en virtud de los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, según corresponda.

Fue aprobado por idéntica votación que el anterior.

Artículo decimoprimero

Concede, a contar del 1 de enero del año 2016, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas, Profesionales y Directivos, una asignación especial de Directivo-Jefatura, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del presente artículo sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación Directivo- Jefatura:

GRADOS                            $ MES

3                      227.306

4                      214.442

5                      213.747

6                      190.844

7                      174.139

8                      156.183

9                      141.338

10                      127.907

11                      115.754

12                      104.754

 

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que las remuneraciones del sector público.

2.- Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico.

La Comisión aprobó por unanimidad (10 a favor) el inciso primero, el encabezamiento del inciso segundo y el número 2. de este; en tanto que aprobó, también por unanimidad, una indicación del Ejecutivo que sustituye el número 1. del inciso segundo por el siguiente texto:

“1.- Valores asignación Directivo- Jefatura:

                           GRADOS                         $ MES

3                                236.626

4                                223.234

5                                222.511

6                                198.669

7                                181.279

8                                162.586

9                                147.133

10                                133.151

11                                120.500

12                                109.049

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que la remuneración del sector público.”.

Artículo decimosegundo

El mayor gasto que irroguen las modificaciones dispuestas en la presente ley será de cargo municipal.

Con todo, los aportes extraordinarios del Fisco, indicados en el artículo sexto transitorio se financiarán con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.

Este artículo fue aprobado, asimismo, por asentimiento unánime (10).

Artículo decimotercero

Las municipalidades que puedan aumentar la dotación a contrata en virtud de la modificación introducida por esta ley en el artículo 2° de la ley N° 18.883 deberán priorizar en las nuevas contrataciones bajo esa modalidad al personal a honorarios que se encuentre contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, a la fecha de publicación de la presente ley.

La Comisión aprobó el artículo en referencia por la votación consignada precedentemente.

Sin perjuicio de votar a favor de este artículo, el diputado señor Berger planteó que habría sido conveniente fijar en esta norma los parámetros básicos que se van a utilizar para determinar el personal a honorario que pasaría a desempeñarse bajo la modalidad de contrata. No se dice si se va a privilegiar la habitualidad en la prestación de servicios, la antigüedad (hay personas que llevan 10 años en calidad de honorarios), u otro factor.

El diputado señor Sandoval compartió la inquietud anterior, y acotó que hay casos de trabajadores a honorarios tan antiguos que forman parte de la historia del municipio correspondiente. Aquí hay un problema de justicia que debe resolverse, y la norma no precisa a quién se va a preferir de entre los potenciales beneficiarios.

Artículo decimocuarto

Los funcionarios que hayan ingresado a las respectivas plantas cumpliendo los requisitos exigidos al momento de su nombramiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.280 mantendrán su derecho a ser encasillados en las mismas plantas en que se encontraban a la fecha de publicación de esta ley.

Fue aprobado por unanimidad (10 a favor); conjuntamente, y por la misma votación, con una indicación del diputado señor Chávez, que agrega después de la frase “mantendrán su derecho a ser encasillados” la expresión “y al ascenso”.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

 A) Indicaciones declaradas inadmisibles

Las siguientes indicaciones fueron declaradas inadmisibles:

  • De la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada y Ojeda, en virtud del artículo 65 inciso cuarto número 4 de la Constitución Política, y que proponía sustituir el inciso primero del artículo 1° del mensaje por el siguiente:

“Artículo 1°.- A  contar  del 1  de  enero  del  año  2016,  concédese  una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto  ley N° 3.551, del Ministerio  de  Hacienda,  promulgado el año  1980  y publicado  el año  1981,  por  la  ley  N° 18.883 y  la ley  N° 15.076, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del decreto ley N° 479, del Ministerio de Hacienda, promulgado y publicado el año 1974, exceptuándose el requisito de exceptuándose el requisito de cumplir jornada completa de 44 horas. Esta asignación será proporcional a las horas contratadas.”.

  • De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Farías, por la misma causal anterior, cuyo objeto era reemplazar el inciso primero del artículo 1°, por el siguiente:

“Artículo 1°.- A contar del 1 de enero de 2016, concédase una asignación profesional, a todos los funcionarios municipales, sin distinción en la planta o  escalafón  que se encuentren, siempre que cumplan con los demás requisitos  del artículo 3° del decreto ley N° 479, del Ministerio de Hacienda, promulgado y publicado el año 1974.”

  • De los mismos diputados individualizados en el número anterior, y también por la causal mencionada, y que proponía suprimir en el inciso segundo del artículo 1° la expresión “no”.
  • De la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada y Ojeda, también por lo preceptuado en el artículo 65 inciso cuarto número 4 de la Carta Fundamental, y que proponía suprimir en el inciso tercero del artículo 1° la frase: “, ni a los jueces de policía local”.
  • De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por idéntica causal, cuyo objeto era suprimir en el inciso tercero del artículo 1° la frase: “, ni a los jueces de policía local”.

6)  Del diputado señor Tuma, por la causal antes invocada, y que proponía agregar en el artículo 2° el siguiente inciso segundo:

“Asimismo, para el caso de los Directores de Obras Municipales que actualmente se encuentren ejerciendo sus funciones y hayan cumplido 8 años o más en el cargo, podrán optar a las bonificaciones por retiro voluntario de conformidad al inciso primero, siéndoles aplicables dicho beneficio de manera extraordinaria sólo para estos efectos. De igual modo, procederá este bono de retiro voluntario a los Directores de Obras Municipales que  cumplan 8 años en el cargo dentro de los próximos 2 años contados desde la dictación de la presente ley. En ambos casos, dichos funcionarios tendrán un plazo de 14 meses para optar al beneficio, tras lo cual el cargo se declarará vacante por el sólo ministerio de la ley y será proveído de conformidad a la normativa vigente.”.

  • Del diputado señor Arriagada, según lo preceptuado en el artículo 65 inciso tercero de la Constitución Política, cuyo fin era intercalar el siguiente N°3, nuevo, en el artículo 4° del mensaje:

«N°3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la organización interna de las municipalidades deberá considerar, a lo menos, las siguientes unidades: Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Unidad de Desarrollo Comunitario, Unidad de Administración y Finanzas,   Unidad de Control y Dirección de Obras Municipales.”.

  • De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Farías, de acuerdo al artículo 65 inciso cuarto N°4 de la Constitución Política, que proponía intercalar en la letra a) del nuevo artículo 49 ter, entre las palabras “grado” y “al” la expresión “o superior”.
  • De la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada y Ojeda, según lo preceptuado por la norma constitucional previamente citada, y cuya finalidad era suprimir en la letra a) del nuevo artículo 49 ter la frase “en la medida que hayan quedado vacantes luego de la provisión indicada en el párrafo anterior”.

10)  Del diputado señor Chávez, en virtud del artículo 65 inciso tercero de la Constitución Política, que proponía eliminar en el inciso final del nuevo artículo 49 quáter la frase “y tendrá vigencia a contar del 1 del mes siguiente a la publicación en el Diario Oficial”.

11) Del diputado señor Arriagada, en virtud del artículo del precepto constitucional antes citado, y que proponía reemplazar la letra a) del N° 1) del artículo 5° por la siguiente:

“a) Reemplácese, en el inciso cuarto, el vocablo “veinte”, la primera vez que aparece, por “treinta”.”.

12) De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Farías,   por la misma causal, cuyo objeto era eliminar en la letra a) del N°1) del artículo 5° las expresiones  “cuarenta” y “ocho”.

13) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, según lo establecido en el artículo 65 inciso cuarto N°4 de la Constitución Política, y que  proponía intercalar en el nuevo inciso final del artículo 2° de la ley N°18.883, incorporado por la letra b) del numeral 1 del artículo 5° del proyecto, luego de la frase “honorarios a suma alzada pagados a personas naturales,”, la siguiente expresión: “honorarios de programas sociales,”.

14) De la diputada señora Cicardini, y de los diputados señores Arriagada y Ojeda, también en virtud del artículo 65 inciso cuarto N°4 de la Constitución Política, y que  proponía agregar en el nuevo inciso final del artículo 2° de la ley N°18.883, incorporado por la letra b) del numeral 1 del artículo 5° del proyecto, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Para estos efectos no se considerarán las asignaciones de zonas extremas.”.

15) De la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada y Ojeda, también según lo dispuesto en el artículo 65 inciso tercero de la Carta Fundamental, y cuyo fin era sustituir en el nuevo inciso segundo del artículo 7° de la ley N°18.883, propuesto incorporar por el numeral 2 del artículo 5° del proyecto, la expresión “5” por “4”; la expresión “9” por “8”; la expresión“11” por “10” y la expresión “13” por “12”.

16) Del diputado señor Tuma, por contravenir el artículo 38 de la Constitución Política, y que agregaba en el literal 1a) del artículo 8° de la ley N°18.883, propuesto por el numeral 3) del artículo 5° del proyecto, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, el siguiente texto “Su nombramiento deberá efectuarse mediante procedimiento concursal establecido en el sistema de alta dirección pública y su permanencia en el cargo no podrá exceder los 8 años contados desde su designación, período prorrogable por única vez si quien ejerce la jefatura de esta unidad ha sido calificado en la lista de distinción  o buena al menos en cuatro oportunidades, de conformidad a lo establecido en el Título II Párrafo 3° de la presente  ley.”.

17) De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Farías, en virtud del artículo 65 inciso tercero de la Carta Fundamental, y cuyo objeto era agregar la siguiente letra a) en el literal 6 propuesto incorporar en el artículo 8° de la ley N°18.883 por el numeral 3) del artículo 5° del proyecto:

               “a) Todo aquel que se desempeñe como conductor, será necesario  estar en posesión de licencia de conducir  que corresponda según el vehículo que se designe para su conducción. Los seguros asociados a  esta labor, serán de responsabilidad de la Municipalidad.”.

18)  De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Farías, en virtud del artículo 65 inciso tercero de la Carta Fundamental, y cuyo objeto era reemplazar el literal 6 propuesto incorporar en el artículo 8° de la ley N°18.883 por el numeral 3) del artículo 5° del proyecto, por el siguiente texto:

“6) Plantas de Auxiliares: Licencia de Educación  Media o su equivalente, para  aquellos  funcionarios contratados con la entrada en vigencia por esta ley, respecto de los funcionarios que solo poseen  educación básica, se podrán mantener en el municipio y no será un impedimento para ascender a cargos de plantas auxiliares.”.

19) Del diputado señor Tuma, por contravenir el artículo 38 de la Constitución Política, y que proponía incorporar la siguiente letra d) en el artículo 147 de la ley N°18.883:

“d) En el caso de los Directores de Obras Municipales, por haberse cumplido 8 años desde su ingreso o promoción al cargo, o por completarse el término de su prórroga, según sea el caso.”.

20) De la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada y Ojeda, en virtud del artículo 65 inciso cuarto N° 4 de la Constitución Política, y cuya finalidad era suprimir el artículo 9° ter de la ley N°19.803.

21) De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Farías, en virtud del artículo 65 inciso tercero de la Carta Fundamental, cuyo objeto era reemplazar en el artículo primero transitorio la expresión “1 de enero de 2015” por  “1 de enero de 2016”.

22) Del diputado señor Berger, de acuerdo al artículo 65 inciso cuarto N°4 de la Constitución Política, y que proponía agregar el siguiente inciso segundo al artículo primero transitorio:

“No obstante lo anterior, aquellos funcionarios de la planta de extinción o adscrita y que se encuentren en planta de profesionales, jefaturas o directivos, sin ostentar un título profesional, será encasillado en los 02 grados inmediatamente superiores por única vez.”.

23) Del diputado señor Arriagada, por la misma causal, y cuyo objeto era sustituir el artículo tercero transitorio por el siguiente:

“Artículo tercero transitorio.- Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a contrata, los alcaldes  deberán  nombrar,  sin  concurso  previo,  una  vez  encasillado  el  personal  de  planta,  a  los  funcionarios  a  contrata,  que  al  01  de  Enero  del  2015,  se  desempeñaban  en  las  respectivas  municipalidades  en  las  calidades  mencionadas  y  que  se  encuentren  en  servicio  a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia de esta ley. Para  ser nombradas, estas personas deberán  cumplir  con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente. Los  cargos  de  planta  necesarios  para  llevar  a  cabo  este  nombramiento  se  entenderán creados por el solo ministerio de la ley, a contar del 01 de enero  del 2016, en la planta que corresponda a las funciones que ejercen y en el  mismo  grado  al  que  estaban  asimilados,  quienes  deberán  haberse  desempeñado,  a  lo  menos  durante  cinco  años,  continuos  o  discontinuos,  contados  con  anterioridad  al  1  de  enero  del  2015  en  la  municipalidad,  con  respeto a la carrera funcionaria.”.

24) De la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada y Ojeda, de acuerdo al artículo 65 inciso tercero de la Carta Fundamental, y cuyo propósito era  reemplazar en el inciso cuarto del artículo cuarto transitorio la expresión “y” por el signo “,”; e intercalar entre los vocablos “segundo” y “transitorios” la siguiente expresión: “y séptimo”.

25)  De la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada y Ojeda, en virtud del artículo 65 inciso cuarto N°4 de la Constitución Política, y cuya finalidad era sustituir el artículo undécimo transitorio por el siguiente:

“Artículo undécimo.- Concédese, a contar del 1 de enero del año 2016, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas, Profesionales y Directivos, una asignación especial de Directivo-Jefatura, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del presente artículo sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación Directivo- Jefatura:

GRADOS       $ MES

3               236.626

4               223.234

5               222.511

6               198.669

7               181.279

8               162.587

9               147.133

10               133.151

11               120.500

12               109.059

Los valores antes señalados se reajustarán en  los  mismos porcentajes y oportunidades que las remuneraciones del sector público.

2.- Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico.”.

26) Del diputado señor Arriagada, en atención a lo preceptuado por el artículo 65 inciso cuarto N°4 de la Constitución Política, y que proponía agregar el siguiente artículo decimoquinto transitorio:

“Artículo decimoquinto.- en el caso de los funcionarios de planta auxiliar que cumplan con la función de chofer al 01 de enero del 2016, los alcaldes podrán encasillar de acuerdo al escalafón de mérito, a los funcionarios titulares en la planta técnica percibiendo los beneficios de esta ley, siempre que se cumplan los requisitos propias del cargo y, además, los siguientes:

  1. Que el funcionario, a lo menos tres años antes, esté realizando las funciones propias del estamento de la planta en que se encasilla.
  2. Que el funcionario acepte previamente, por escrito, el traspaso.

En el caso que no exista el grado, se creará por el solo ministerio de la ley.”.

  1. B) Indicaciones rechazadas

1) De los diputados señores Becker y Berger, por unanimidad (9 en contra), que proponía intercalar en el inciso primero del Artículo 3, a continuación de las expresiones “anualmente,” y “a la Subsecretaría”, la frase “dentro del primer bimestre de cada año”.

2)  De la diputada señora Cicardini y del diputado señor Farías, por simple mayoría (1 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones), cuyo fin era agregar al artículo 4° el siguiente inciso 2°:

“Para los efectos de la elaboración de la Política de Recursos Humanos, la Municipalidad deberá considerar la participación de un Comité Bipartito, conformado para estos efectos  paritariamente por representantes de la(s) asociaciones de funcionarios municipales  y representantes del alcalde, la cual deberá ser presentada al concejo municipal en ejercicio para su resolución.”.

3) Del diputado Tuma, por simple mayoría (2 a favor, 3 en contra y 4 abstenciones), cuya finalidad era intercalar el siguiente N°3) en el artículo 4°:

“3) Agréguese en el inciso final del artículo 24 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N ° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, luego del punto a parte (.) que ahora pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “Su nombramiento deberá efectuarse mediante procedimiento concursal establecido en el sistema de alta dirección pública y su permanencia en el cargo no podrá exceder los 8 años contados desde su designación, período prorrogable por única vez si quien ejerce la jefatura de esta unidad ha sido calificado en la lista de distinción  o buena, en al menos en cuatro oportunidades, de conformidad a lo establecido en la ley 18.883.”.

4) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por unanimidad (9 en contra), que proponía reemplazar en el inciso tercero del artículo 31 de la ley N°18.595, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la frase: “y  la  de  Administración Municipal”, por la siguiente: “ la de Administración  Municipal  y  la  Unidad  de  Control”.

5) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por la misma votación que la indicación anterior (9), y cuyo objeto era agregar en el nuevo inciso segundo del artículo 49 bis de la LOC de Municipalidades, propuesto por el numeral 6) del artículo 4° del mensaje, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, el siguiente texto: “El Municipio deberá remitir dentro de los treinta días hábiles siguientes el reglamento aprobado por el Concejo a la Contraloría. Durante dicho trámite la Contraloría General de la República hará un control de juridicidad y de mérito de la propuesta de planta municipal, analizando los fundamentos técnicos que justifican el cambio de la planta municipal, en base a datos objetivos, tales como: demografía, número de trámites, ingresos, extensión territorial, si es una zona aislada o no, entre otros.”.

  • De la diputada señora Cicardini, y de los diputados señores Arriagada y Ojeda, por simple mayoría (1 a favor, 6 en contra y 2 abstenciones), cuya finalidad era reemplazar el numeral 4 del nuevo artículo 49 bis de la LOC de Municipalidades, por el siguiente:

“4. En caso que se incremente el número  total de cargos en la planta de personal,  a lo menos un 30% de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o técnico. Sin embargo aquel porcentaje deberá aumentar cada 4 años si aumenta la categoría en que se encuentre cada municipio determinada por el reglamento regulado en el artículo 7 inciso 3 de la Ley N°18.833.”.

  • Del Ejecutivo, por simple mayoría (6 en contra y 2 abstenciones), y que proponía sustituir el numeral 5 del nuevo artículo 49 bis de la LOC de Municipalidades, por el siguiente:

“5. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad en el proceso de elaboración de la planta de personal. En este proceso, los alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito y Paritario, constituido especialmente para este efecto, conformado a lo menos por seis funcionarios. Los representantes de los funcionarios serán elegidos por mayoría, en votación secreta efectuada para tal efecto y deberán representar a distintos estamentos. La opinión de este Comité deberá ser presentada al concejo municipal en ejercicio, con anterioridad a la readecuación de la plantas.”.

8)  De la diputada señora Cicardini y de los diputados señores Arriagada, Chávez y Ojeda, también por 6 votos en contra y 2 abstencinoes, y cuyo fin era reemplazar el numeral 5 del nuevo artículo 49 bis de la LOC de Municipalidades, por el siguiente:

“5. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración  de  la  planta  de  personal.  En  este  proceso,  los  alcaldes  deberán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado paritariamente por representantes de la o las asociaciones de funcionarios existentes, en proporción al número de afiliados, y representantes del alcalde, la cual podrá ser presentada al concejo municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.”.

9)  De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por simple mayoría (2 votos a favor y 5 en contra), y cuyo objeto era reemplazar el inciso final del nuevo artículo 49 bis de la ley N° 18.695, por el siguiente:

“El o los concejales que hubieren votado por rechazar la propuesta de planta podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional para solicitar que declare el notable abandono de deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde que la Contraloría General de la República notifique al Concejo su resolución con relación a la propuesta de planta que le haya presentado el respectivo municipio.”.

10)  Del diputado señor Chávez, por simple mayoría (5 en contra y 2 a favor), que proponía reemplazar en el inciso final del nuevo artículo 49 bis de la ley N°18.695 la expresión inicial “El o” por “Un tercio de “.

11)  Del diputado señor Chávez, por simple mayoría (6 en contra y 1 abstención), cuya finalidad era intercalar en el párrafo segundo de la letra b) del nuevo artículo 49 ter de la ley N°18.695, entre las frases “servicios continuos” y “en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento”, la expresión “o discontinuos”.

12)  Del diputado señor Farías, por simple mayoría (2 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones), que proponía sustituir en los literales 1), 2) y 3), incorporados en el artículo 8° de la ley N°18.883 en virtud del numeral 3) del artículo 5° del proyecto, el vocablo “ocho” por   “seis”.

13)  De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, por unanimidad (9 en contra), cuyo objeto era eliminar en la letra a) del literal 1), incorporado en el artículo 8° de la ley N°18.883 en virtud del numeral 3) del artículo 5° del proyecto, la expresión: “, de ingeniero constructor civil”.

14) De los diputados señores Gahona, Morales y Sandoval, al no reunir el quórum necesario (3 a favor y 5 abstenciones), que proponía agregar en el literal 3), incorporado en el artículo 8° de la ley N°18.883 en virtud del numeral 3) del artículo 5° del proyecto , luego de la expresión “ocho semestres de duración,” la siguiente: “o título técnico de nivel superior,”.

VI.-  MODIFICACIONES INCORPORADAS AL PROYECTO APROBADO POR EL H. SENADO.

En el presente trámite se le incorporaron las siguientes enmiendas al proyecto despachado por el H. Senado:

                             Al artículo 3°

-Ha intercalado en el inciso primero, luego de la frase “a lo menos anualmente,”, la siguiente: “dentro del primer cuatrimestre de cada año”.

-Ha reemplazado la letra g) por la siguiente:

“g) Política de recursos humanos y el gasto total en las diversas formas de contratación.”.

Al artículo 4°

-Ha rechazado el numeral 3), alterándose correlativamente la numeración de los siguientes.

-Ha sustituido en el numeral 5), que ha pasado a ser 4), el nuevo inciso tercero del artículo 31 por los siguientes:

“Para la creación de dichas unidades será  necesario contar con el debido financiamiento municipal y con un informe fundado elaborado por las unidades de Administración Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación, que justifique  su necesidad y acredite su debido financiamiento. En dicho caso, el reglamento deberá ser aprobado por los dos tercios de los concejales en ejercicio, debiendo mediar un plazo de, a lo menos, 15 días hábiles entre el conocimiento y la aprobación.

La destinación de un funcionario a una nueva unidad deberá considerar la experiencia laboral, la formación técnica y profesional en relación a la nueva unidad;  y no podrá significar detrimento en su grado, ni en sus remuneraciones.”.

-Ha agregado la siguiente oración después del punto aparte, que pasa a ser seguido, en el inciso segundo del artículo 49 bis propuesto por el numeral 6), que pasa a ser 5): “La municipalidad deberá remitir dentro de los treinta días corridos siguientes el reglamento aprobado por el concejo a la Contraloría.”.

-Ha sustituido el literal 5. del artículo 49 bis, propuesto por el numeral 6), que pasa a ser 5), por el siguiente:

“5. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de los funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal. Para tal efecto, se deberá constituir un Comité Bipartito, integrado paritariamente por representantes del alcalde y de la lo las asociaciones de funcionarios existentes en la municipalidad.

Su opinión deberá ser presentada al concejo municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de la planta y no será vinculante.

En las municipalidades donde no existan asociaciones de funcionarios, o estas no se encuentren vigentes, representarán a los funcionarios aquellos que sean elegidos en votación secreta efectuada para tal efecto, debiendo representar a distintos estamentos.”.

-Ha reemplazado en el párrafo primero de la letra b) del artículo 49 ter, propuesto por el numeral 6), que pasa a ser 5), la frase “a la entrada en vigencia del reglamento”, por la siguiente: “al del inicio del plazo para ejercer la facultad de dictación del reglamento.”.

-Ha sustituido el inciso final artículo 49 quáter, propuesto por el numeral 6), que pasa a ser 5), por los siguientes:

“El reglamento municipal que modifique o fije la nueva planta entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

La facultad establecida en el artículo 49 ter, deberá ejercerse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del reglamento municipal que modifique o fije la planta respectiva. En el caso que procediere la realización de concursos públicos, estos deberán efectuarse en el plazo de un año contado desde la citada fecha.”.

-Ha incorporado el siguiente artículo 49 quinquies en el numeral 6), que pasa a ser 5):

“Artículo 49 quinquies.- Para todos los efectos legales la participación de los funcionarios municipales en la determinación de la planta municipal no se entenderá como una vulneración al Art. 62 Nº6 de la Ley 18.575 y al Art. 12 Nº1 de la Ley 19.880.”.

-Ha intercalado, en las oraciones finales que se incorporan al artículo 56 de la LOC de Municipalidades de acuerdo al numeral 7), que pasa a ser 6), entre las expresiones “y egreso.” y “Dicha política”, la siguiente oración: En este proceso los alcaldes podrán considerar la opinión de un comité bipartito conformado en los términos del artículo 49 bis N°5.”.

Al Artículo 5°

-Ha incorporado las siguientes modificaciones en el inciso final del artículo 2° de la ley N°18.883, agregado por el numeral 1) letra b):

  1. i) Intercálase después de la expresión “Rentas Municipales,” la siguiente frase: “incluyendo la totalidad de la recaudación por concepto de permisos de circulación y patentes municipales,”.
  2. ii) Agrégase después del punto aparte, que pasa a ser seguido, el siguiente texto: “Sólo para los efectos del cálculo del gasto anual en personal que dispone el presente artículo, no se considerarán los pagos que realice el municipio por concepto de la asignación de zona establecida en el artículo 7°  del decreto ley N°249, de 1973, del Ministerio de Hacienda, otorgada por el artículo 25 del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda,  ni de la bonificación establecida en el artículo 3° de la ley N° 20.198,  y ni de la bonificación compensatoria del artículo 29 de la ley 20.717, destinada a los beneficiarios de la mencionada bonificación del artículo 3° de ley N° 20.198.”.

-Ha agregado en el nuevo inciso tercero del artículo 7°, propuesto por el numeral 2), luego de la frase “fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados posibles para cada categoría”, el siguiente texto: “, no pudiendo dicho reglamento de manera alguna significar una disminución de remuneraciones o grado al alcalde, o algún miembro de cualquier escalafón de la municipalidad”; y ha agregado en el mismo inciso, luego del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En caso que no se dicte el reglamento dentro de plazo, los municipios igualmente podrán modificar sus respectivas plantas.”.

-Ha incorporado en la letra b) del literal 1 del artículo 8° de la ley N°18.883, incorporado por el numeral 3), después de la expresión “para el ejercicio”, la siguiente: “de la profesión”.

-Ha suprimido el literal 3 propuesto agregar en el artículo 8° de la ley N°18.883 por el numeral 3), alterándose la numeración correlativa de los literales siguientes.

-Ha intercalado en la oración final del artículo 25, propuesta por el numeral 7), a continuación de la expresión “cursos sobre”, la siguiente: “derecho administrativo,”

Al artículo Segundo Transitorio

-Ha agregado en el inciso primero, después del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,) la siguiente oración: “siempre que mantengan un nombramiento entre los grados ya señalados, ambos inclusive.”.

Al artículo Cuarto Transitorio

-Ha reemplazado el inciso tercero por el siguiente:

“Los actos administrativos que formalicen lo dispuesto anteriormente deberán dictarse en el caso del artículo primero transitorio dentro de los noventa días siguiente a la publicación de esta ley, y para el caso del artículo segundo transitorio a más tardar  el último día hábil del mes de abril del año 2017.”.

Al artículo Octavo Tansitorio

-Ha eliminado, en la letra a), la frase “en el mes siguiente al de su publicación”; y ha sustituido en la misma letra la frase “por ese concepto en dicho mes”, por la siguiente: “por ese concepto en el mes de enero de 2016”.

-Ha reemplazado el inciso final por el siguiente:

“Los bonos señalados anteriormente, se pagarán en una sola cuota, sólo a quienes se encuentren en funciones al momento del pago. Para dicho efecto, las Municipalidades deberán remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, toda la información referente a lo dispuesto en las letras a) y b) precedentes, dentro del mes  subsiguiente a la publicación de esta ley.”.

Al artículo Undécimo Transitorio

-Ha sustituido el numeral 1. del inciso segundo por el siguiente:

“1.- Valores asignación Directivo- Jefatura:

                           GRADOS                         $ MES

3                                236.626

4                                223.234

5                                222.511

6                                198.669

7                                181.279

8                                162.586

9                                147.133

10                               133.151

11                               120.500

12                               109.049

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que la remuneración del sector público.”.

Al artículo Decimocuarto Transitorio

-Ha agregado después de la frase “mantendrán su derecho a ser encasillados” la expresión “y al ascenso”.

VII.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

Proyecto de ley  

“Artículo 1°.- A contar del 1 de enero del año 2016, concédese una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado el año 1981, y por la ley N° 18.883, de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del decreto ley N° 479, del Ministerio de Hacienda, promulgado y publicado el año 1974.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico. Su monto será el mismo que establece el artículo 19 de la ley N° 19.185 para los grados que resulten procedentes.

Lo dispuesto en este este artículo no se aplicará a los alcaldes, ni a los jueces de policía local.

Artículo 2º.- Los ex funcionarios regidos por la ley Nº 18.883 que percibieron las bonificaciones por retiro voluntario en virtud del artículo 14 de la ley Nº 20.649, que habiendo presentado la solicitud para acceder al bono establecido en la ley Nº 20.305, al momento de solicitar dichas bonificaciones no se les hubiere dado curso al pago del bono por haberse considerado inaplicables estas normas por no cumplir con los plazos de doce meses contemplados en el número 5) del artículo 2º y en el artículo 3º de la citada ley Nº 20.305, tendrán derecho a obtener el mencionado bono siempre que cumplan los requisitos para acceder a él.

El bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que hayan cesado en sus funciones.

Artículo 3°.- Las municipalidades estarán obligadas a remitir, a lo menos anualmente, dentro del primer cuatrimestre de cada año, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, información referida a las siguientes materias, según los medios y en los formatos que determine al efecto dicha Subsecretaría:

  1. a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal.
  2. b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica.
  3. c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan la contratación de personas sobre la base de honorarios.
  4. d) Escalafón de mérito vigente.
  5. e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros órganos de la Administración del Estado.
  6. f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada funcionario.
  7. g) Política de recursos humanos y el gasto total en las diversas formas de contratación.

La información remitida sólo podrá ser utilizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.

Esta información, con excepción de la contenida en la letra d) anterior, se deberá mantener a disposición permanente del público, en la manera indicada en el artículo 7° de la ley N° 20.285, y el cumplimiento de esta obligación estará sometido al control de transparencia activa del Consejo para la Transparencia.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 2006:

1) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

  1. a) Reemplázase, en la letra b), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
  2. b) Sustitúyese, en la letra c), el punto final (.) por la expresión “, y”.
  3. c) Agrégase la siguiente letra d):

“d) La política de recursos humanos.”.

2) Reemplázase, en el numeral 5) del inciso tercero del artículo 14, el guarismo “218.000” por “1.052.000”.

3) Agréganse, en la letra a) del artículo 27, las siguientes oraciones finales: “Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento, grado de remuneración y, respecto del personal a honorarios contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, el detalle de los servicios prestados. También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior.”.

4) Agréganse, en el artículo 31, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:

“Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de esta ley, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas por aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad.

Para la creación de dichas unidades será  necesario contar con el debido financiamiento municipal y con un informe fundado elaborado por las unidades de Administración Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación, que justifique  su necesidad y acredite su debido financiamiento. En dicho caso, el reglamento deberá ser aprobado por los dos tercios de los concejales en ejercicio, debiendo mediar un plazo de, a lo menos, 15 días hábiles entre el conocimiento y la aprobación.

La destinación de un funcionario a una nueva unidad deberá considerar la experiencia laboral, la formación técnica y profesional en relación a la nueva unidad;  y no podrá significar detrimento en su grado, ni en sus remuneraciones.”.

5) Incorpóranse, a continuación del artículo 49, los siguientes artículos 49 bis, 49 ter, 49 quáter y 49 quinquies:

“Artículo 49 bis.- Los alcaldes, a través de un reglamento municipal, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado el año 1981.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el Diario Oficial. La municipalidad deberá remitir dentro de los treinta días corridos siguientes el reglamento aprobado por el concejo a la Contraloría.

Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites y requisitos:

  1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.
  2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de la municipalidad respectiva.
  3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.
  4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o técnico.
  5. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de los funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal. Para tal efecto, se deberá constituir un Comité Bipartito, integrado paritariamente por representantes del alcalde y de la lo las asociaciones de funcionarios existentes en la municipalidad.

Su opinión deberá ser presentada al concejo municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de la planta y no será vinculante.

En las municipalidades donde no existan asociaciones de funcionarios, o estas no se encuentren vigentes, representarán a los funcionarios aquellos que sean elegidos en votación secreta efectuada para tal efecto, debiendo representar a distintos estamentos.

  1. Los alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.
  2. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.
  3. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.
  4. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231, en el artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley, en lo atingente a la posición de los cargos que allí se indican.

En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable, se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes, tanto de parte del alcalde como del o de los concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en la letra c) del artículo 60, en la letra f) del artículo 76 y en el artículo 77.

El o los concejales que hubieren votado por rechazar la propuesta de planta podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional para solicitar que declare el notable abandono de deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo de treinta días hábiles contado desde la aprobación de la planta por parte del concejo municipal. Con todo, el alcalde sólo podrá remitir a la Contraloría General de la República el reglamento a que se refiere el inciso primero de este artículo, una vez transcurrido el plazo precedentemente señalado, sin que se haya interpuesto la acción que establece el inciso anterior o una vez que el Tribunal Electoral Regional haya rechazado la acción. Lo dispuesto en este inciso será certificado por el Secretario del Tribunal Electoral Regional.

Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las normas siguientes:

  1. a) Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares se encasillarán en cargos de igual grado al que tenían a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, éstos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

En el ejercicio de esta facultad, los alcaldes podrán encasillar de acuerdo al escalafón de mérito, a los funcionarios titulares en una planta distinta a la que éstos pertenecen en la medida que hayan quedado vacantes luego de la provisión indicada en el párrafo anterior, siempre que se cumplan los requisitos propios del cargo y, además, los siguientes:

  1. i) Que el funcionario, a lo menos tres años antes, esté realizando las funciones propias del estamento de la planta en que se encasilla.
  2. ii) Que el funcionario acepte previamente, por escrito, el traspaso.
  3. b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del año anterior al del inicio del plazo para ejercer la facultad de dictación del reglamento que fija o modifica la planta de personal.

Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior sólo podrán ser encasillados siempre que tengan, a lo menos, cinco años de servicios continuos en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente, y se encuentren calificados en lista N° 1, de distinción, o lista N° 2, buena.

El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda a la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento sólo podrán ser encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.

En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de éstos se efectuará, en primer término, de acuerdo al resultado de la última calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la antigüedad de servicio en la respectiva municipalidad y, en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el alcalde.

  1. c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, éstos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.
  2. d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

i.- El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación laboral del personal.

ii.- No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones, excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b), ni modificación de derechos previsionales.

iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo 49 quáter.- La facultad conferida en el artículo 49 bis podrá ejercerse cada ocho años, y dentro de los dos años siguientes a contar del cumplimiento de dicho período, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece esta ley.

En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse sólo durante el año siguiente a éstas.

El reglamento municipal que modifique o fije la nueva planta entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

La facultad establecida en el artículo 49 ter, deberá ejercerse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del reglamento municipal que modifique o fije la planta respectiva. En el caso que procediere la realización de concursos públicos, estos deberán efectuarse en el plazo de un año contado desde la citada fecha.

Artículo 49 quinquies.- Para todos los efectos legales la participación de los funcionarios municipales en la determinación de la planta municipal no se entenderá como una vulneración al artículo 62 Nº6 de la ley N°18.575 y al artículo 12 Nº1 de la ley N°19.880.”.

6) Agréganse, en el inciso segundo del artículo 56, las siguientes oraciones finales: “Además, deberá presentar para aprobación del concejo la política de recursos humanos, la cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y capacitación, y egreso. En este proceso los alcaldes podrán considerar la opinión de un comité bipartito conformado en los términos del artículo 49 bis N°5. Dicha política podrá incluir también diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un mejor desempeño laboral.”.

7) Introdúcense, en el inciso segundo del artículo 67, las siguientes modificaciones:

  1. a) Reemplázase, en la letra g), la expresión final “, y” por un punto y coma (;).
  2. b) Agrégase la siguiente letra h), nueva, pasando la actual a ser letra i):

“h) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos, y”.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:

1) Modifícase el artículo 2°, en los términos que siguen:

  1. a) Reemplázanse, en el inciso cuarto, el vocablo “veinte”, la primera vez que aparece, por “cuarenta”, y la palabra “cuatro” por “ocho”.
  2. b) Agrégase el siguiente inciso final:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. Se entenderá por gasto en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo, se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes

señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, incluyendo la totalidad de la recaudación por concepto de permisos de circulación y patentes municipales, más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades. Sólo para los efectos del cálculo del gasto anual en personal que dispone el presente artículo, no se considerarán los pagos que realice el municipio por concepto de la asignación de zona establecida en el artículo 7°  del decreto ley N°249, de 1973, del Ministerio de Hacienda, otorgada por el artículo 25 del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda,  ni de la bonificación establecida en el artículo 3° de la ley N° 20.198,  y ni de la bonificación compensatoria del artículo 29 de la ley 20.717, destinada a los beneficiarios de la mencionada bonificación del artículo 3° de ley N° 20.198.”.

2) Incorpóranse, en el artículo 7°, los siguientes incisos segundo y tercero:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

Alcaldes               del grado 1 al 6

Directivos             del grado 3 al 10

Profesionales      del grado 5 al 12

Jefaturas              del grado 7 al 12

Técnicos              del grado 9 al 17

Administrativos   del grado 11 al 18

Auxiliares             del grado 13 al 20.

Para los efectos de establecer el grado asignado al cargo de alcalde dentro de la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, los municipios deberán ajustarse a la categoría en que se encuentren según el total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la comuna, a su elección. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados posibles para cada categoría, no pudiendo dicho reglamento de manera alguna significar una disminución de remuneraciones o grado al alcalde, o algún miembro de cualquier escalafón de la municipalidad. Dicho reglamento deberá dictarse en los seis meses siguientes a la publicación de esta ley. En caso que no se dicte el reglamento dentro de plazo, los municipios igualmente podrán modificar sus respectivas plantas.

3) Agréganse, en el artículo 8° los siguientes incisos finales:

“Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Plantas de Directivos: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

No obstante, para los cargos de dirección destinados al mando superior de las unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos específicos que se señalan:

  1. a) Para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de ingeniero civil, de ingeniero constructor civil o de constructor civil, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.
  2. b) En la unidad de asesoría jurídica se requerirá título de abogado, habilitado para el ejercicio de la profesión.

2) Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

3) Plantas de Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera; o, en su caso, título técnico de nivel medio, en el área que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación del Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos, cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una institución del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera.

4) Plantas de Administrativos: Licencia de educación media o su equivalente.

5) Plantas de Auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción.

Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos.”.

4) Intercálase, en el artículo 15, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público.”.

5) Añádase, en el artículo 16, el siguiente inciso tercero:

“No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos municipales, éstos podrán considerar perfiles ocupacionales definidos por el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los artículos 4° y siguientes de la ley N° 20.742.”.

6) Incorpórase, en el artículo 20, después de las palabras “personas propuestas”, la frase “con especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo del artículo 16”.

7) Agrégase, en el inciso primero del artículo 25, la siguiente oración final: “Dichos programas deberán contemplar, a lo menos, cursos sobre derecho administrativo, probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, estas dos últimas materias preferentemente para aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines.”.

Artículo 6°.- Derógase el artículo 1° de la ley N° 18.294, que establece normas y otorga facultades para instalación de nuevas municipalidades creadas en la Región Metropolitana de Santiago y modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979.

Artículo 7°.- Deróganse los artículos 11 y 12 de la ley N° 19.280, que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades y establece normas sobre plantas de personal de las Municipalidades.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- A contar del 1 de enero del año 2016, el personal titular de planta, regido por la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares entre los grados 10° al 20°, ambos inclusive, será encasillado en el grado inmediatamente superior siempre que se haya desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo segundo.- El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que se haya encontrado nombrado  al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que esté en posesión a esta última fecha, siempre que mantengan un nombramiento entre los grados ya señalados, ambos inclusive.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo tercero.- Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a contrata, los alcaldes podrán, de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestaria, modificar los decretos que determinan al personal a contrata para efectos de aplicar en los mismos términos a este personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios anteriores. En este caso, las modificaciones de grados entrarán en vigencia a partir de la fecha de la total tramitación del respectivo acto administrativo.

Para acceder a lo establecido en el inciso precedente, los funcionarios a contrata deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos, contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido a contrata asimilado a la respectiva planta.

El personal a contrata al cual se le aplique este artículo no quedará afecto a la limitación establecida en el párrafo tercero de la letra b) del artículo 49 ter de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior, promulgado y publicado el año 2006, que se incorpora a través de la presente ley, respecto de los mejoramientos de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses.

Artículo cuarto.- Para efectos de la aplicación de los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se utilizarán los cargos vacantes de las respectivas plantas de personal.

Si aplicado el mecanismo anterior faltaren cargos, los alcaldes estarán facultados para modificar las plantas del personal de las municipalidades, sólo con el objeto de crear los cargos necesarios para ello. A su vez, se entenderán suprimidos por el sólo ministerio de la ley, en el mismo número de cargos que cree, aquellos cuya vacancia generen los funcionarios a los cuales se encasille de acuerdo a los artículos primero y segundo transitorios de esta ley. Con todo, no se suprimirán los cargos correspondientes al último grado de cada una de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, y siempre deberá quedar, a lo menos, un cargo en cada grado de dichas plantas. Con todo, el número total de cargos de cada una de las plantas antes señaladas deberá ser, a lo menos, el mismo que existía con anterioridad al encasillamiento.

Los actos administrativos que formalicen lo dispuesto anteriormente deberán dictarse en el caso del artículo primero transitorio dentro de los noventa días siguientes a la publicación de esta ley, y para el caso del artículo segundo transitorio a más tardar  el último día hábil del mes de abril del año 2017.

Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se podrá superar el límite establecido en el inciso final del artículo 2° de la ley N° 18.883, incorporado por el número 1) del artículo 5° de la presente ley, sólo hasta los porcentajes que sean necesarios para la señalada aplicación.

Artículo quinto.- Los cambios de grado que determine la aplicación de los artículos primero a tercero transitorios de esta ley no serán considerados como ascensos para los efectos previstos en la letra g) del artículo 97 de la ley N° 18.883.

Los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios que estuvieren percibiendo, como asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

Artículo sexto.- El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades durante el año 2016 de M$ 32.000.000 (treinta y dos mil millones de pesos) y en el año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante resolución, que será visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, anualmente determinará los montos que a cada municipalidad le corresponda. Dicha resolución dispondrá primeramente el financiamiento en su totalidad del incremento de grados dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios. El remanente que resulte luego de financiar el mencionado incremento se destinará al pago de las otras asignaciones y bonos otorgados en esta ley. Para determinar los montos correspondientes a cada municipalidad se ordenarán éstas de acuerdo al mayor gasto en personal que origine el pago de las aludidas asignaciones, distribuyendo los recursos disponibles desde menor a mayor gasto hasta su total distribución.

Las municipalidades deberán acreditar mediante los medios, forma y oportunidad que determine la referida Subsecretaría los costos involucrados para la aplicación del presente artículo.

Para dichos efectos los alcaldes a través de un oficio solicitarán anualmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los fondos respectivos, documento que será acompañado por certificado emitido por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control, el que además deberá ser suscrito por el respectivo secretario municipal en su calidad de ministro de fe, el que  contendrá un resumen de los mayores costos por gastos en personal, clasificados por grado, tanto respecto de los funcionarios de planta como de los a contrata.

Los oficios a que se refiere el inciso cuarto deberán ser enviados a la citada Subsecretaría dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, para efecto del pago de los beneficios del año correspondiente.

Para la entrega de los aportes respectivos a los años posteriores, los oficios deberán ser enviados a más tardar el 28 de abril de cada año.

Las municipalidades sólo podrán destinar los citados fondos aportados a financiar el mayor gasto determinado por la aplicación del artículo 1° y de los artículos primero, segundo, tercero, octavo y undécimo transitorios de la presente ley.

La no destinación de los fondos transferidos a los fines a que se refiere el inciso anterior será sancionada de acuerdo a las penas establecidas en el artículo 236 del Código Penal.

Artículo séptimo.- El monto de la asignación profesional establecida en el artículo 1° y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo undécimo transitorio de la presente ley ascenderá a un 34% (treinta y cuatro por ciento) de su monto total desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de ese año; y a un 100% (cien por ciento) de ella a contar del 1 de enero del año 2017.

Artículo octavo.- Concédese, por una sola vez, a los funcionarios municipales que a continuación se indican, un bono especial, imponible y tributable, cuyo monto ascenderá a:

  1. a) Respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional del artículo 1° o la asignación Directivo-Jefatura del artículo undécimo transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces el monto que le corresponda por ese concepto en el mes de enero de 2016.
  2. b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se aplique el artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte entre el total de haberes brutos que le corresponda en el mes de enero del año 2016 y el total de haberes brutos del mes anterior. Para efectos del presente literal, no se considerarán la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en la ley N° 19.803, la bonificación contemplada en el artículo 3° de la ley N° 20.198, la bonificación anual del artículo 44 de la ley N° 20.883, las horas extraordinarias, ni ninguno de los beneficios concedidos por una sola vez, contemplados en la ley N° 20.883. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.

Los bonos señalados anteriormente, se pagarán en una sola cuota, sólo a quienes se encuentren en funciones al momento del pago. Para dicho efecto, las Municipalidades deberán remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, toda la información referente a lo dispuesto en las letras a) y b) precedentes, dentro del mes  subsiguiente a la publicación de esta ley.

Artículo noveno.- Las facultades concedidas en los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, introducidos por el número 5) del artículo 4° de la presente ley, podrán ejercerse a partir del 1 de enero del año 2018 y hasta el 31 de diciembre del año 2019.

La modificación establecida por el número 2) del artículo 4° de la presente ley entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2018.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establecen en el número 3) del artículo 5° de esta ley no serán exigibles respecto de los funcionarios municipales titulares y a contrata en servicio a la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalados.

Artículo décimo.- Deróganse las correspondientes normas que fijaron las plantas de personal de las municipalidades del país, a contar de la fecha de entrada en vigencia del primer reglamento que fije para cada municipalidad la nueva planta de personal establecida en virtud de los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, según corresponda.

Artículo undécimo.- Concédese, a contar del 1 de enero del año 2016, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas, Profesionales y Directivos, una asignación especial de Directivo-Jefatura, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del presente artículo sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación Directivo- Jefatura:

                           GRADOS                         $ MES

3                                236.626

4                                223.234

5                                222.511

6                                198.669

7                                181.279

8                                162.586

9                                147.133

10                                133.151

11                                120.500

12                                109.049

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que la remuneración del sector público.

2.- Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico.

Artículo duodécimo.- El mayor gasto que irroguen las modificaciones dispuestas en la presente ley será de cargo municipal.

 

Con todo, los aportes extraordinarios del Fisco, indicados en el artículo sexto transitorio se financiarán con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y, en lo que faltare, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.

Artículo decimotercero.- Las municipalidades que puedan aumentar la dotación a contrata en virtud de la modificación introducida por esta ley en el artículo 2° de la ley N° 18.883 deberán priorizar en las nuevas contrataciones bajo esa modalidad al personal a honorarios que se encuentre contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, a la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo decimocuarto.- Los funcionarios que hayan ingresado a las respectivas plantas cumpliendo los requisitos exigidos al momento de su nombramiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.280 mantendrán su derecho a ser encasillados y al ascenso en las mismas plantas en que se encontraban a la fecha de publicación de esta ley.”.

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Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 21 y 22 de diciembre de 2015; 5, 12, 19, 20, 21, 25 y 26 de enero de 2016, con la asistencia de la diputada señora Daniela Cicardini y de los diputados señores Sergio Aguiló, Claudio Arriagada (Presidente), Germán Becker, Bernardo Berger, Marcelo Chávez, Ramón Farías, Sergio Gahona, Vlado Mirosevic, Celso Morales, Sergio Ojeda y David Sandoval.

También asistió el diputado señor Jorge Sabag.

Sala de la Comisión, a 29 de enero de 2016.

JUAN CARLOS HERRERA INFANTE

 Abogado Secretario (A) de la Comisión       

 

 

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